TICs y lucha contra la corrupción: una reflexión a partir de la transparencia y la participación ciudadana
“…ha surgido una transición progresiva hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como una alternativa para fortalecer tanto la transparencia pública como los mecanismos de participación ciudadana”.
Por: Juan Sebastián Narváez Quintero[1]
Uno de los fines esenciales del Estado es alcanzar una administración pública transparente, eficiente y eficaz. Sin embargo, estas aspiraciones se ven frustradas – entre otros – por los efectos de la corrupción. Se trata de un fenómeno universal, con distintas manifestaciones. Debido a lo anterior, el interés por prevenirlo y estudiarlo se ha incrementado, siendo abordado desde distintas disciplinas. En términos generales, un acto corrupto “viola reglas de comportamiento, que perjudica los recursos públicos y el interés general y que produce una ganancia privada”[2].
Se trata de un fenómeno cuyas causas y consecuencias generan una sinergia de fortalecimiento, y que cuenta con una gran capacidad de adaptación. La corrupción debilita las democracias y genera desconfianza en las instituciones[3]; paraliza el desarrollo[4]; contribuye a la inestabilidad gubernamental[5]; altera la composición del gasto público[6] y perjudica la inversión social[7]. También se extiende al sector privado y tiene un carácter clandestino[8].
Atendiendo a su gravedad y complejidad, se han ideado distintas herramientas para combatir y prevenir la corrupción. Dentro de éstas destacan las políticas de transparencia y acceso a la información pública, junto con el fortalecimiento la participación ciudadana. Las primeras son fundamentales para prevenir la corrupción y deben implementarse en todos los ámbitos de la administración pública. También tienen una relación estrecha con la democracia participativa pues contribuyen al ejercicio adecuado del control social.
Aunque el desarrollo normativo de estas herramientas es notorio en los últimos años, no ha logrado superar las barreras de acceso a la información ni las problemáticas que enfrenta el ejercicio del control social en Colombia. En este contexto ha surgido una transición progresiva hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)[9] como una alternativa para fortalecer tanto la transparencia pública como los mecanismos de participación ciudadana.
Este cambio ha sido denominado en términos generales como e-government o gobierno electrónico, y consiste en el uso de las TIC en los órganos de la Administración para incrementar la trasparencia y el acceso a la información, mejorar la prestación de servicios, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública y garantizar la participación ciudadana[10]. Es pertinente señalar que, para alcanzar los fines propuestos, la implementación de las TIC en las políticas de transparencia debe estar focalizada en garantizar el rol activo de la ciudadanía y su interacción con los entes estatales[11]. También resulta fundamental ampliar la cobertura y acceso a la información pública, en consonancia con políticas que permitan su publicación y actualización en tiempo real[12].
Aunque reporta utilidad, la provisión de información por sí sola no basta para asegurar un índice de transparencia óptimo o promover una vigilancia ciudadana efectiva, pues no garantiza su comprensión y uso adecuado[13]. En este contexto, las TIC pueden contribuir al surgimiento de herramientas pedagógicas para que la ciudadanía entienda el funcionamiento de las instituciones. Lo anterior permite un aumento de la capacidad de interacción y crea nichos de potenciales usuarios según el aspecto a vigilar[14]. En particular, estas tecnologías permiten que la información pública pueda ser presentada cumpliendo con los siguientes estándares[15]: (i) de calidad y puntualidad; (ii) creíble; (iii) de fácil comprensión y pertinencia; (iv) comparable frente a otras fuentes. Ahora bien, también es posible que el uso de la información pública no genere beneficios, lo cual puede atribuirse a la inexistencia de controles institucionales efectivos[16].
Lo anterior es fundamental para fortalecer la incidencia en la participación ciudadana, la cual ha adquirido un papel preponderante en la prevención de la corrupción. La Constitución de 1991 reconoce que la participación ciudadana es una herramienta de vigilancia hacia la función administrativa y sus resultados. Además, contribuye a aminorar las prácticas corruptas, ya que la difusión de las actuaciones mermará las tentativas de los funcionarios para incurrir en conductas contrarias a la moralidad. De igual manera, fomenta y fortalece la conciencia social y sensibiliza a las personas sobre la práctica de valores y virtudes que enaltezcan la rectitud.
Así, constituye un complemento efectivo de los controles estatales para prevenir actos de corrupción, cuya potencialidad puede aprovecharse en conjunto con un nivel de transparencia adecuado y la implementación de herramientas de gobierno electrónico. Al no estar limitada por reglas de competencia, la ciudadanía puede proveer información valiosa a las instituciones sobre la prestación de servicios públicos y el funcionamiento de las infraestructuras estatales[17]. Por ello constituye un factor para administrar y controlar los recursos públicos, al tiempo que incrementa la confianza de la sociedad en la administración[18]. Precisamente, estas ventajas son un gran complemento para los beneficios que ofrecen las políticas de gobierno electrónico y la garantía de transparencia y acceso a la información.
En primer lugar, estas tecnologías fortalecen la difusión de la información del sector público, al garantizar el acceso en todo momento y lugar. Lo anterior no sólo constituye un mecanismo de control de la gestión estatal, sino que permite a ciudadanía y empresas conocer la información pública necesaria para: desarrollar sus actividades económicas; el ejercicio de sus derechos; el cumplimento de sus obligaciones; el acceso a servicios públicos, entre otros beneficios[19]. De este modo, la difusión de información en esta vía permite su aprovechamiento, el conocimiento en tiempo real de la acción administrativa y sirve como mecanismo proactivo de transparencia[20].
A su vez, permite el acceso a los archivos y registros administrativos. La visualización de los documentos facilita el conocimiento de la información en manos de la administración, y fortalece las interacciones basadas en el “request-and-wait-for-a-response-approach” en la medida en que el ciudadano sabe de antemano lo que puede solicitar[21]. En dicha medida el entorno digital fortalece los mecanismos de control a la actividad administrativa y de rendición de cuentas, e impone el deber de diligencia en la gestión y archivo de los documentos que faciliten su puesta a disposición de los ciudadanos[22].
La capacidad de las TIC para fortalecer la transparencia contribuye a fomentar la convivencia social[23] y constituye una piedra angular de la fiscalización de la gestión pública y de la participación política. La importancia de la transparencia en la lucha contra la corrupción ha sido reconocida internacionalmente y se aboga por la implementación de medidas que garanticen el acceso a la información pública[24]. La transparencia también se encuentra ligada a la rendición de cuentas, ofreciendo posibilidades a la ciudadanía para conocer sobre el uso de los recursos públicos[25]. Así, los niveles altos de transparencia permiten un monitoreo y supervisión efectivos de la gestión pública e incrementa la posibilidad tanto de descubrir la ineficiencia y la corrupción, como de imponer sanciones por su ocurrencia[26].
A pesar de estos beneficios, las TIC deben verse como un instrumento y no un objetivo en sí mismo[27]. La finalidad que subyace a la implementación de estos instrumentos es la de mejorar la actividad administrativa y lograr un nivel eficiente de satisfacción de las necesidades sociales[28]. Se trata de herramientas para alcanzar fines constitucionales como la transparencia y la participación ciudadana[29], dos elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción. En este sentido, estas tecnologías deben contribuir a mejorar la confianza en la Administración[30] y a permitir un mejor acceso a los resultados de la gestión pública, fortaleciendo la rendición de cuentas.
[1] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Derecho Público y Especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la misma universidad.
[2] Carolina Isaza Espinosa, 2011, El fracaso de la lucha anticorrupción en Colombia, OPERA 11 (nov. 2011), Universidad Externado de Colombia, p.221
[3] Joaquín Artés Caselles y Juan Luís Jiménez González, Efectos políticos y económicos de los escándalos de corrupción y de su difusión pública, en: Corrupción y desarrollo, Nicolás Rodríguez García y Fernando Rodríguez López (Coords.), Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2017, p. 49 – 51. Otros estudios sugieren que el fortalecimiento de las instituciones democráticas puede ser una medida para reducir la corrupción, aunque estos resultados podrían variar dependiendo del contexto y de la clase de democracia existente en el país donde se implementen estas medidas. Sin embargo, no reflejan evidencia real de su impacto en casos concretos, por lo que se trata de conclusiones pendientes de verificación fáctica. Ivar Kolstad & Arne Wiig (2016) Does democracy reduce corruption? Democratization, 23:7, 1198-1215, DOI: 10.1080/13510347.2015.1071797, en: https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1071797
[4] En varios documentos se ha señalado el efecto negativo de la corrupción en el crecimiento económico de los países. Por ejemplo, la evidencia del caso italiano sugiere que la comisión sostenida de actos de corrupción perjudica el crecimiento económico a largo plazo lo cual se observa en todas las regiones de este país. Sobre este tema también puede consultarse a: Maurizio Lisciandra & Emanuele Millemaci (2017) The economic effect of corruption in Italy: a regional panel analysis, Regional Studies, 51:9, 1387-1398, DOI: 10.1080/00343404.2016.1184244, en: https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1184244. Por otro lado, para el caso africano se ha evidenciado que la corrupción en general y específicamente en el sector militar, acompañada de gastos exorbitantes en éste, tienen efectos negativos directos e indirectos en el crecimiento económico de los países de este continente. Para este caso se puede consultar: Giorgio d’Agostino, John Paul Dunne & Luca Pieroni (2012) Corruption, Military Spending and Growth, Defence and Peace Economics, 23:6, 591-604, DOI: 10.1080/10242694.2012.663579, en: https://doi.org/10.1080/10242694.2012.663579
[5] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, octubre de 2003. Consultado el 23 de enero de 2019 en: http://www.unodc.org/colombia/es/convenciononu.html
[6] Javier Salinas Jiménez y María del Mar Salinas Jiménez, Causas y efectos económicos de la corrupción, en: Corrupción y desarrollo, Nicolás Rodríguez García y Fernando Rodríguez López (Coords.), Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2017, p. 23
[7] Paolo Mauro, Corruption and the composition of government expenditure, Journal of Public Economics, Vol. 69, n° 1 – 2, 1998, p. 263 – 279
[8] Juan Carlos Henao y Aníbal Rafael Zárate, Estudio preliminar. Corrupción: la necesidad de un enfoque integral en la lucha anticorrupción, en: Corrupción en Colombia: corrupción, Estado e instrumentos jurídicos, Juan Carlos Henao y Aníbal Rafael Zárate (Eds.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, p.28-29
[9] Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Accountability y transparencia de información financiera pública en la web, en: La Democracia del Siglo XXI: Política, medios de comunicación, internet y redes sociales, Ramón Cotarelo y José Antonio Olmeda (Eds.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 27
[10] Jennifer Isabel Arroyo Chacón, Mecanismos e instrumentos jurídicos y administrativos implementados para luchar contra la corrupción pública en América Latina, en Revista Enfoques, t. 16, n.° 29, diciembre 2018
[11] Ibídem
[12] Raúl Leandro Gutiérrez Ruiz y Diego Fernando Católico – Segura, E- control en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Cuadernos de Contabilidad, No. 50, julio 2019, p. 560
[13] Fox J., Social Accountability: What does the evidence really say?, World Development 72, 2015, pp. 346 – 361
[14] Fung A., Graham M. y D. Weil, Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. En: Theodore Kahn, Alejandro Barón y Juan Cruz Vieyra, Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018
[15] Ibídem
[16] Theodore Kahn, Alejandro Barón y Juan Cruz Vieyra, Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública, Op. Cit., p. 120 En todo caso, el acceso a la información pública permite evaluar la gestión de servidores públicos, incluidos los de elección popular, reduciendo los problemas de la relación principal-agente y la búsqueda de personal de rentas (En: Baumol W., Entrepeneurship: productive, unproductive and destructive, Journal of Political Economy, Vol. 98, 1990, p. 893 – 921). Los altos niveles de transparencia también contribuyen a mejorar las finanzas públicas mediante la reducción de la deuda y déficit públicos (En: Alt J.E. y Lassen D., Fiscal transparency, political parties and debt in OECD countries, European Economic Review, Vol. 50, 2006, p. 1403 – 1439). A su vez, permiten a los Estados a tener que acudir a menores niveles de financiación (En: Glennerster R. y Shin Y., Does Transparency Pay?, IMF Staff Papers, Vol. 55, n° 1, 2008, p. 183 – 209)
[17] Theodore Kahn, Alejandro Barón y Juan Cruz Vieyra, Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública, Op. Cit., p. 17
[18] Raúl Leandro Gutiérrez Ruiz y Diego Fernando Católico – Segura, E- control en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia, Op. Cit., p. 560
[19] Agustí Cerillo – i – Martínez, The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from the Spanish regulation, Government Information Quarterly, 28., 2011
[20] Agustí Cerillo – i – Martínez, E-Información: hacia una nueva regulación del acceso a la información, Revista Internet, Derecho y Política, 1., 2005
[21] Agustí Cerillo – i – Martínez, La contribución de las TIC a la mejora de la transparencia administrativa, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, Vol. 188 – 756 julio-agosto (2012) 707-724 ISSN: 0210-1963, doi: 10.3989/arbor.2012.756n4006
[22] Ibídem
[23] Diego Younes Moreno, La corrupción en Colombia. El análisis sociológico como respuesta a la ineficacia normativa, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2017
[24] Allí se promueve la adopción de las siguientes medidas: “a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.” Varios países cuentan con leyes sobre transparencia y acceso a la información pública, teniendo como ejemplo a Brasil (Ley N° 12.527); Chile (Ley N° 20.285); España (Ley N° 19-2013); México (Ley 09-05-2016); Uruguay (Ley N° 18.381), entre otros.
[25] Diego Younes Moreno, La corrupción en Colombia. El análisis sociológico como respuesta a la ineficacia normativa, Op. Cit.
[26] Theodore Kahn, Alejandro Barón y Juan Cruz Vieyra, Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, p. 14
[27] Marcelo Bauzá Reilly, La Administración electrónica a la luz de los principios, en: Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso a los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-Gobierno en España, Lorenzo Cotino Hueso y Julián Valero Torrijos (Coordinadores), Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2010, p. 44
[28] Marcelo Bauzá Reilly, La Administración electrónica a la luz de los principios, Op. Cit., p. 45
[29] Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Accountability y transparencia de información financiera pública en la web, Op. Cit., p. 28
[30] King C.S. y Stivers C., Government i sus: Public administration in an anti-government era, CA, Thousand Oaks, 1998. En: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, Accountability y transparencia de información financiera pública en la web, Op. Cit
Para citar: Juan Sebastián Narváez Quintero, “TICs y lucha contra la corrupción: una reflexión a partir de la transparencia y la participación ciudadana” en Blog Revista Derecho del Estado, 24 de julio de 2024. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2024/07/24/tics-y-lucha-contra-la-corrupcion-una-reflexion-a-partir-de-la-transparencia-y-la-participacion-ciudadana/