Delitos informáticos y ciberdelincuencia en Colombia: violencias digitales contra las mujeres
Luisa Fernanda Rodriguez Machado[1]
La violencia digital contra las mujeres representa una de las manifestaciones contemporáneas más insidiosas de la violencia de género, facilitada y amplificada por el uso extendido de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En Colombia, este fenómeno ha crecido de manera alarmante, propiciado por el acceso masivo a Internet y las plataformas digitales. Este artículo tiene como objetivo examinar el marco legal colombiano para abordar las violencias digitales contra las mujeres, los desafíos específicos que plantea esta problemática y las estrategias necesarias para su prevención y erradicación.
Esta violencia puede tomar diversas formas, cada una con impactos significativos en la vida y el bienestar de las víctimas. Entre las principales manifestaciones se incluyen: Ciberacoso, Violencia de Imágenes no Consentidas, Sextorsión, Robo de Identidad, Stalking Digital, Discursos de Odio y Amenazas.
En Colombia, la violencia digital contra las mujeres ha emergido como una preocupación significativa en el ámbito de la protección de derechos humanos. Esta forma de violencia de género, facilitada por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), exige un marco normativo robusto y actualizado para su efectiva prevención y sanción.
La Ley 1273 de 2009constituye un pilar fundamental en la regulación de los delitos informáticos en Colombia. Modificó el Código Penal para incluir conductas como el acceso abusivo a un sistema informático, la interceptación de datos y el daño informático. Aunque esta ley no se enfoca específicamente en la violencia digital contra las mujeres, establece una base jurídica para perseguir y sancionar actos ilícitos en el ámbito digital.
Por otro lado, la Ley 1257 de 2008, conocida como la Ley de Violencia contra las Mujeres, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en sus diversas formas: física, sexual, psicológica y patrimonial. Aunque no aborda explícitamente la violencia digital, su interpretación puede extenderse a esta nueva forma de violencia, asegurando una protección más integral para las mujeres.
La Ley 1620 de 2013también aporta al marco normativo al abordar la convivencia escolar y la prevención del ciberacoso. Promueve la creación de comités escolares de convivencia y programas educativos que incluyen la prevención del acoso digital, abarcando así una dimensión educativa y preventiva crucial.
Además, la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), que tipifica el feminicidio, resalta la necesidad de una protección integral para las mujeres víctimas de violencia extrema, aunque su enfoque principal sea la violencia física.
En el ámbito internacional, Colombia es signataria de la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia, que establece estándares para combatir la ciberdelincuencia y fomentar la cooperación internacional. Este tratado internacional complementa las leyes nacionales y fortalece la capacidad del país para enfrentar la violencia digital.
En conjunto, estas leyes conforman un marco normativo esencial, aunque aún incompleto, para abordar la violencia digital contra las mujeres en Colombia. Es crucial seguir desarrollando y afinando este marco para garantizar una protección efectiva y adaptada a las realidades tecnológicas actuales
Desafíos en la Violencia Digital contra las Mujeres
La violencia digital contra las mujeres en Colombia presenta una serie de desafíos significativos que complican su prevención y respuesta efectiva. Entre los principales obstáculos se destacan la identificación y prueba de los delitos, el subregistro y las barreras para las denuncias, la capacitación de funcionarios, y la falta de políticas específicas.
Identificación y prueba son dos de los problemas más complejos. Los perpetradores de violencia digital suelen utilizar herramientas de anonimato y técnicas sofisticadas, como redes privadas virtuales (VPN), para ocultar su identidad. Esto dificulta su identificación y persecución por parte de las autoridades. Además, la recolección de pruebas digitales es técnicamente exigente, requiriendo conocimientos especializados para asegurar su integridad y validez en procesos judiciales. La facilidad con que se pueden manipular o eliminar pruebas digitales añade una capa adicional de dificultad.
El subregistro y las barreras para las denuncias también juegan un papel crucial. Muchas mujeres víctimas de violencia digital no denuncian estos actos debido al desconocimiento de sus derechos, la desconfianza en las autoridades, y el temor a represalias o revictimización. Este subregistro impide una evaluación precisa de la magnitud del problema y limita la capacidad de las autoridades para diseñar respuestas efectivas.
La capacitación de funcionarios es otro desafío importante. La falta de formación específica en violencia digital y género entre jueces, fiscales y policías puede resultar en una atención inadecuada o insensible hacia las víctimas. Sin el conocimiento necesario, estos actores no pueden gestionar eficazmente los casos de violencia digital.
Finalmente, la falta de políticas específicas es un obstáculo significativo. Aunque existen leyes que pueden aplicarse, no hay una política pública coordinada y específica para abordar integralmente la violencia digital. Esto reduce la efectividad de las medidas de protección y prevención.
Superar estos desafíos requiere un enfoque multifacético que incluya el fortalecimiento del marco legal, la capacitación continua de los funcionarios, y la implementación de políticas específicas para garantizar una respuesta adecuada a la violencia digital contra las mujeres.
Estrategias para Prevenir y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres
La violencia digital contra las mujeres en Colombia es una problemática emergente que demanda una respuesta estratégica y coordinada para su prevención y erradicación. Frente a los desafíos que plantea este tipo de violencia, se requieren estrategias integrales que aborden tanto el marco normativo como la capacitación de funcionarios, la cooperación internacional, y el acceso a servicios de apoyo, entre otros aspectos clave.
El fortalecimiento del Marco Legal es uno de los pasos fundamentales para abordar la violencia digital contra las mujeres, esto implica la revisión y actualización de la legislación existente para incluir disposiciones específicas que aborden explícitamente la violencia digital. La Ley 1273 de 2009, aunque relevante para los delitos informáticos, no cubre de manera integral todas las formas de violencia digital. Se requiere una legislación más detallada que defina claramente las formas de violencia digital, establezca sanciones adecuadas y proporcione mecanismos específicos de protección para las víctimas. Es crucial que las leyes existentes, como la Ley 1257 de 2008 sobre violencia contra las mujeres, se interpreten y apliquen de manera inclusiva para cubrir las nuevas formas de violencia que emergen con el uso de tecnologías digitales. La creación de leyes específicas para la violencia digital y la modificación de las leyes actuales para abarcar esta dimensión emergente garantizarán una respuesta legal más robusta y eficaz.
La capacitación y sensibilización continua de jueces, fiscales, policías y otros actores del sistema de justicia es esencial para una respuesta efectiva a la violencia digital. Los funcionarios deben recibir formación especializada sobre las dinámicas de la violencia digital y género, así como sobre técnicas de recolección y preservación de pruebas digitales. Esta capacitación debe estar orientada a asegurar que el personal pueda manejar casos de violencia digital con sensibilidad y competencia técnica. Es fundamental implementar campañas de sensibilización pública para educar a la sociedad sobre la violencia digital y los derechos de las mujeres. Estas campañas deben enfocarse en informar a las víctimas sobre los mecanismos de denuncia y proporcionar herramientas para la protección en línea. La educación pública y la sensibilización pueden ayudar a reducir la estigmatización de las víctimas y fomentar una cultura de respeto y apoyo hacia ellas.
Dada la naturaleza transnacional de muchos delitos digitales, la cooperación internacional es una estrategia clave para combatir la violencia digital. Colombia debe fortalecer los acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países y organismos internacionales para mejorar la investigación y persecución de estos delitos. La participación en redes internacionales y el intercambio de buenas prácticas pueden mejorar la capacidad del país para enfrentar los desafíos relacionados con la ciberdelincuencia. La colaboración con organismos internacionales, como INTERPOL y la EUROPOL, así como con plataformas tecnológicas globales, puede facilitar el acceso a recursos y conocimientos especializados que son esenciales para abordar la violencia digital de manera efectiva.
Garantizar que las víctimas de violencia digital tengan acceso a servicios de apoyo es esencial para su recuperación y empoderamiento. Se deben crear y fortalecer líneas de ayuda y centros de atención especializados en violencia digital, que proporcionen asistencia psicológica, legal y social a las víctimas. Estos servicios deben estar disponibles de manera accesible y confidencial, para asegurar que las víctimas puedan buscar ayuda sin temor a represalias.Es igualmente importante que se proporcionen servicios legales gratuitos para las víctimas, facilitando el acceso a la justicia y el apoyo necesario para la denuncia y resolución de los casos. La coordinación entre servicios de salud, apoyo social y justicia debe ser clara y eficiente, para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.
Fomentar el desarrollo y uso de tecnologías que ayuden a proteger la privacidad y seguridad de las mujeres en línea es una estrategia crucial. Esto incluye la creación de aplicaciones de alerta, herramientas de encriptación y plataformas digitales seguras con mecanismos efectivos para denunciar y eliminar contenido abusivo. La colaboración entre empresas tecnológicas y autoridades es esencial para desarrollar y promover estas herramientas. Las tecnologías de protección deben ser accesibles y comprensibles para las mujeres, proporcionando soluciones prácticas para la gestión de su seguridad en línea. Además, se deben promover estándares de seguridad en las plataformas digitales para prevenir la proliferación de contenido abusivo y proteger la privacidad de los usuarios.
Incorporar formación sobre derechos digitales, uso seguro de tecnologías y mecanismos de denuncia en los programas educativos es clave para la prevención de la violencia digital. Los programas educativos deben comenzar desde niveles tempranos, fomentando una comprensión de los derechos digitales y la importancia de un entorno en línea seguro. Además, se deben organizar talleres y seminarios dirigidos a mujeres sobre cómo protegerse en línea y qué hacer en caso de ser víctimas de violencia digital. La educación debe empoderar a las mujeres, dándoles herramientas para la protección y el manejo de situaciones de violencia digital.
La creación de protocolos claros y específicos para la atención de casos de violencia digital es fundamental. Estos deben incluir directrices para la recolección y preservación de pruebas digitales, la protección de la privacidad de las víctimas, y la coordinación entre distintas instituciones como la policía, la fiscalía y los servicios de salud y apoyo social. Los protocolos deben basarse en estándares internacionales y estar adaptados al contexto colombiano, garantizando una respuesta efectiva y coordinada. La implementación de guías de buenas prácticas puede ayudar a estandarizar la atención y asegurar que las víctimas reciban un tratamiento justo y eficiente.
La violencia digital contra las mujeres en Colombia es una problemática compleja que requiere una respuesta integral y coordinada. Fortalecer el marco normativo, capacitar a los actores del sistema de justicia, promover la cooperación internacional y sensibilizar a la sociedad son pasos fundamentales para prevenir y erradicar esta forma de violencia. Al garantizar un entorno digital seguro y respetuoso para las mujeres, se contribuye no solo a la protección de sus derechos, sino también al avance hacia una sociedad más equitativa y justa.
El compromiso de las autoridades, la sociedad civil y las empresas tecnológicas es crucial para enfrentar este desafío. La adopción de medidas legislativas, la implementación de programas de capacitación y sensibilización, la cooperación internacional y el desarrollo de tecnologías de protección son esenciales para asegurar que las mujeres puedan ejercer sus derechos digitales de manera plena y sin temor. En última instancia, la erradicación de la violencia digital contra las mujeres es un paso necesario para construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y respeto.
[1] Abogada, Especialista en Defensa de los Derechos Humanos, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Magíster en Defensa de los Derechos Humanos ante Cortes Internacionales. Experta en litigio estratégico Con enfoque de genero.
Para citar: Luisa Fernanda Rodriguez Machado, “Delitos Informáticos y Ciberdelincuencia en Colombia: Violencias Digitales contra las Mujeres” en Blog Revista Derecho del Estado, 15 de enero de 2025. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/01/14/delitos-informaticos-y-ciberdelincuencia-en-colombia-violencias-digitales-contra-las-mujeres/