Las razones del “estallido social” en Guatemala

 Por:  Kyra Mariela Barrera Bendfeldt [1]

Actualmente, Guatemala atraviesa por una crisis política derivada del malestar de la población luego varias actuaciones desafortunadas por parte del gobierno y los diputados del Congreso de la República, siendo la última de ellas la aprobación del Presupuesto 2020-2021 que generó gran indignación en la sociedad guatemalteca. Las protestas acabaron en un incendio en el edificio del Congreso el pasado 21 de noviembre (21N).

 

A once meses de asumir su cargo como Presidente, Alejandro Giammattei ya no cuenta con la aprobación que tenía cuando inició su mandato.

 

Su gestión durante la pandemia ha dejado mucho que desear, especialmente en el manejo transparente de fondos, se ha dado una solicitud desmesurada de préstamos y en varias ocasiones el dinero no ha llegado a las manos que estaban destinadas a recibirlo, pues no fue a la gente más necesitada a quien se le dio un apoyo durante el confinamiento.

 

También su relación conflictiva con el actual Vicepresidente, Guillermo Castillo Reyes, es algo inédito y ha resultado dañino para su imagen y la del gobierno. Al parecer, el mandatario y el actual Vicepresidente no logran ponerse de acuerdo para poder trabajar juntos.

 

Sin embargo, la gota que derramó el vaso y la paciencia de los guatemaltecos fue la forma en la que el Congreso aprobó el Presupuesto General para el año fiscal 2021. “Mientras la población dormía, se aprobó una extraordinaria asignación que está lejos de responder a los intereses y las necesidades del país”, dijo Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de WOLA.  El presupuesto fue leído a una velocidad tan rápida que la articulación de las palabras era nula. Han circulado videos donde se puede apreciar que la lectura del presupuesto va tan rápido que no se logra entender nada y se puede notar que la intención era que no se entendiera. Esto ocurrió el miércoles,18 de noviembre, cuando el presupuesto fue avalado en la madrugada.

 

Este hecho fue lo que al final desencadenó la indignación y las protestas de la ciudadanía, pues además se pretendía reducir recursos a partidas de suma importancia como la salud y la protección social -donde se verían afectadas la lucha contra la desnutrición- (según cifras oficiales, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica en el país y casi el 60% de la población vive por debajo del nivel de pobreza). También se presentaban recortes para la educación, pues se buscaba reducir recursos a las universidades públicas y a las partidas destinadas al poder judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Con estas reducciones se buscaba costear, entre otras cosas, una nueva sede del Congreso, con un valor de más de 12 millones de dólares.

 

Esa misma semana, el viernes 20 de noviembre, el Vicepresidente Guillermo Castillo, mandó un mensaje al Presidente de la República donde le proponía que los dos presentaran su renuncia. El Vicepresidente explicó que pedía la renuncia porque no quería que se pensara que él planeaba ocupar el lugar del Presidente. Esta situación lejos de ayudar, provocó una sensación de desestabilización del gobierno.

 

Ante estos hechos, los guatemaltecos se organizaron para ir a la Plaza de la Constitución nuevamente para manifestar pacíficamente por el rechazo de la aprobación del presupuesto del próximo año, en unas prácticas que se consideraron como corruptas y totalmente alejadas a las necesidades prioritarias. Las manifestaciones tuvieron lugar en la capital, en el interior del país y en el extranjero donde varios guatemaltecos se congregaron en las embajadas de Guatemala de lugares como Alemania, Argentina y México con mensajes de indignación a través de hashtags como #Nonospela #21N y #Yabasta.

 

Lamentablemente, lo que inició como una manifestación pacífica terminó con hechos vandálicos cuando un grupo de personas se dirigió al Congreso de la República e incendió parte de su edificio, posteriormente, logró entrar al Congreso y empezaron a tirar y romper mobiliario dentro de la sede. Muchas personas resultaron heridas y fueron detenidas. Queda la duda si este fue un grupo manipulado por algún sector interesado, como ha sucedido en años anteriores.

 

Otro aspecto preocupante fue el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil, ya que al menos 17 personas resultaron heridas, dos de ellas con lesiones oculares permanentes. La responsabilidad de esta acción se le atribuyó al Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y estos hechos están siendo investigados por organismos como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Human Rights Watch, quienes han solicitado informes por el uso desproporcionado de la fuerza. Dentro de los informes también se debe explicar la detención ilegal de varios manifestantes. Sobre este aspecto la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un recurso de exhibición en representación de 23 personas que fueron detenidas violando las garantías del debido proceso contenidos en el artículo 6 de la Constitución[2].

 

El lunes 23 de noviembre, tras la manifestación, el presidente del Congreso Allan Rodríguez, anunció la suspensión del trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2021 en aras de la gobernabilidad. El presupuesto sigue siendo discutido y se abrieron mesas de diálogo para su aprobación.

 

Ante esta situación, el Presidente Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual tiene como propósito preservar la institucionalidad democrática en el continente y evitar golpes de Estado.

 

Para hacer efectivos estos propósitos, la OEA envió una Misión encabezada por el argentino Fulvio Pomeo, quien acompañado de expertos de la Secretaría General de la Organización recibirá información de las instituciones del Estado y demás instancias del país. Cabe mencionar que la OEA solicitó una audiencia con el Vicepresidente, pero este declinó la invitación por considerar que el llamado del Presidente a este organismo habia sido una decisión precipitada.

 

El 27 de noviembre la Misión de la OEA se reunió con el Presidente Giammattei para analizar la situación y tomar las medidas que considere oportunas.

 

Pese a lo que sucedió el primer sábado de las protestas, miles de guatemaltecos volvieron a acudir a la Plaza de la Constitución el sábado 28 de noviembre y asimismo se manifestaron en diferentes partes del país como Huehuetenango, Quetzaltenango y Sacatepéquez, rechazando nuevamente la acción de los legisladores y del gobierno, y exigiendo esta vez la renuncia de Presidente con el objetivo de poner fin a la corrupción existente.

 

En Guatemala el derecho a manifestación y la protesta está contenido en el artículo 33 de la Constitución Política[3], en donde se establece la posibilidad de realizar manifestaciones pacíficas y sin armas como una forma de expresar el descontento hacia el gobierno por parte de la población, por lo que no pueden ser restringidas, disminuidas o coartadas, debiéndose garantizar el orden público.

 

En varias oportunidades el ejercicio del derecho a la protesta en Guatemala ha dado resultados muy positivos y hasta ha derivado en el encarcelamiento de personajes con altos cargos en el gobierno, como es el caso del ex mandatario Otto Pérez Molina y su ex vicepresidente Roxana Baldetti, que también habían sido denunciados por hechos de corrupción y de lavado de activos.

 

Por otra parte, será interesante observar a qué conclusión llegará la misión de la OEA, después de su investigación, ya que varios sectores de la manifestación han aclarado que los hechos de vandalismo que se presentaron no era el sentir de los guatemaltecos que salieron a protestar. Se aclaró que no se está buscando un golpe de Estado, ni que se quiere romper el orden institucional, pero que sí se busca hacer saber al gobierno y a los diputados que son observados y que los guatemaltecos están atentos cuando se dan actuaciones inescrupulosas y poco transparentes.

 

Resulta inminente que el Presidente resuelva sus diferencias con el Vicepresidente, ya que apenas están por terminar su primer año de mandato.

 

Guatemala, al igual que los países del mundo, continúa batallando contra el COVID-19, que ha generado una crisis sanitaria, económica y laboral sin precedentes.  Además de esto, se conjugan los daños derivados de los huracanes Eta e Iota, en los meses de septiembre y noviembre que devastaron varias áreas del país como Izabal y Cobán, causando serias inundaciones donde han resultado muertos, heridos, personas sin casas y daños enormes en la agricultura e infraestructura.

 

Resulta prioritario que el Congreso de la República de Guatemala apruebe un Presupuesto que corresponda a las necesidades reales que existen en el país en un momento de crisis como este y debe dejar a un lado actos de corrupción que han causado la erosión de nuestra democracia y acrecentado la indignación ciudadana. La democracia se debe construir día a día, mediante el diálogo constante con la ciudadanía y acciones de gobierno que reflejen un proceso transparente y eficaz ante momentos de crisis institucional, económica y social.

 

[1] Licenciada en Derecho, Abogada y Notaria, graduada de la Universidad Francisco Marroquín. Trabaja en forma independiente dedicada al área civil y mercantil. Tiene posgrado en propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Traductora libre.

[2] El artículo 6 de la Constitución establece que no se puede ser detenido o preso, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por parte de autoridad competente, excepto en el caso de flagrante delito o falta.  Además, los detenidos deben ser puestos a disposición una autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.

[3]Artículo 33: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.