El Estado Social de derecho y la automatización de las decisiones judiciales a través del uso de la IA.
Por: María Stella Arismendy Ramírez [1]
El Estado Social de Derecho implica el reconocimiento y la garantía del contenido constitucional, el cual se fundamenta como un principio que establece un marco normativo orientado a regular tanto las actuación de los poderes públicos como las relaciones entre los ciudadanos. Este concepto exige la existencia de un sistema jurídico coherente en el que se respeten los principios fundamentales dentro de una sociedad democrática y pluralista.
La Constitución de 1991 es clara cuando enuncia en su artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Constitución Política de Colombia, 1991)
Lo anterior trae como consecuencia que el Estado de Derecho en Colombia sea una base fundamental para la democracia, la justicia y la equidad. Así las cosas, se requiere dentro del mismo, la separación de poderes, control de legalidad, primacía de la Ley y la garantía de derechos, entendiendo que, todas las personas, autoridades, instituciones y el Estado están sometidos a estos.
Se hace necesario que, para asegurar los objetivos del Estado Social de Derecho, se pueda considerar el uso de la IA en las decisiones judiciales, la implementación de herramientas como la inteligencia artificial en el ámbito judicial debe ser vista a la luz de los principios mencionados anteriormente. Es decir, el Estado de Derecho exige que todas las decisiones judiciales estén fundamentadas en la ley y no en criterios arbitrarios.
Por lo anterior, se requiere las decisiones sean claras, motivadas y sujetas a control, que puedan generar justicia y no que el uso de la IA pueda ser visto con un matiz oscuro que genere incertidumbre en la toma de esas decisiones, por lo que seria necesario definir sus límites en la correcta aplicación.
Tan necesario se ha convertido su regulación que la Corte Constitucional examinó en la sentencia T-323 de 2024 aspectos fundamentales en el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones en sede de tutela. Bajo este fallo se estudiaron distintos puntos entre ellos el derecho fundamental al debido proceso, para lo que se concluye que es procedente el uso de la inteligencia artificial siempre que el uso de estas herramientas no remplace labores jurisdiccionales indelegables e irremplazables, como el razonamiento lógico y humano.
La IA puede entender y analizar información que dé lugar a la automatización en la resolución de los fallos, sin embargo no tiene la capacidad de comprender aspectos subjetivos que pueden llegar a ser fundamentales para la toma de decisiones, así como la interpretación de hechos y pruebas que requieren de un razonamiento humano por los contextos sociales, culturales y económicos que influyen en cómo se evalúan.
Bajo lo anterior podríamos entender que la IA debe ser vista como una herramienta que ayuda a agilizar la labor judicial, pero no se puede entender como un sustituto de las capacidades humanas que entran a ser esenciales para garantizar la justicia y equidad por los derechos fundamentales.
Ahora bien, la innovación tecnológica y los principios constitucionales deben ir de la mano para lograr el despliegue de la IA en el poder judicial. Esto se ha ido desarrollando en otros países como en Brasil y Argentina. Para el caso de Brasil, el sistema de IA VICTOR analiza las apelaciones presentadas ante el Tribunal Supremo de Brasil, lo cual, sirve para agilizar los procesos judiciales, esta herramienta filtra los casos repetitivos y remite aquellos que requieren un análisis directo de los magistrados, y que según datos de la UNESCO (2023), una tarea que anteriormente requería aproximadamente 40 minutos por caso por parte de los funcionarios (p.74).
En el caso de Colombia, bajo los términos del fallo T- 323/24 ya existe avances frente al uso de la herramienta tecnológica ChatGPT, exhortando a los jueces a su manejo adecuado, aplicando criterios éticos y el respeto por los mandatos constitucionales asegurando con ello la independencia y autonomía judicial.
Por otra parte, en Argentina el sistema PROMETEA también herramienta de IA ha sido utilizada por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires para agilizar la administración de justicia. Lo anterior, automatiza el control de los plazos procesales y puede predecir la solución de un expediente ante los casos análogos. En este caso la UNESCO (2023) señala que Prometea ha desarrollado una mejora en la eficiencia de los procesos en la Fiscalía, pasando de 90 minutos a 1 minuto en la resolución de un proceso de licitación (p. 75).
Teniendo en cuenta que Colombia tiene la implementación de la IA aún de manera incipiente cabe precisar que aunque el uso de la tecnología puede proporcionar descongestión en los juzgado también requiere de unos lineamentos que aseguren la eficacia, democracia, equidad y justicia como pilares del Estado Social de Derecho. Este desarrollo de la inteligencia artificial se ha potencializado en el proceso de selección de tutelas en la Corte Constitucional a través de un sistema de información IA denominado PretorIA, el cual, es un proyecto que busca identificar de manera ágil las tutelas que ameritan ser estudiadas por la misma corporación.
Romina Segura (2023), en su artículo inteligencia artificial y administración de justicia: desafíos derivados del contexto latinoamericano reafirma la importancia del desarrollo tecnológico pero también los desafíos derivados del contexto latinoamericano como lo es la brecha digital y el acceso desigual a la justicia. Lo anterior, requiere de políticas públicas que garanticen la implementación de la IA sin que esto genere una brecha aún más grande de la que ya existe frente a su acceso, es decir, que a través de su uso se fortalezca el sistema judicial.
Bajo estas circunstancias se puede decir que si bien las herramientas que existen actualmente han demostrado que pueden facilitar los procesos en los despachos judiciales, también se hace necesario mitigar los riesgos asociados, como el sesgo tecnológico.
Con lo anterior, se puede decir que el reto no radica únicamente en implementar herramientas de IA sino en diseñar modelos de IA que logren integrar la innovación con el respeto por la dignidad humana, la transparencia y la seguridad jurídica dentro de las resoluciones en los fallos y que estas sean acorde con las necesidades del contexto latinoamericano, solo así, la IA puede convertirse en una herramienta efectiva para promover los fines del Estado Social de Derecho.
En el sistema de justicia la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización de las decisiones puede representar una efectividad en los procesos y en los tiempos de respuesta, permitiendo a los jueces el estudio de temas más complejos que involucren aspectos tantos objetivos como subjetivos de las resoluciones judiciales. Por ende, es relevante la calidad y legitimidad de las decisiones emitidas, en donde la IA sea un aliado estratégico.
[1]Abogada, Magister en Derecho de la Universidad del Norte-Barranquilla, Atlántico Colombia, Docente Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas – Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Córdoba (Colombia). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6798-7012
Referencias Bibliográficas
Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica
Corte Constitucional, Sentencia T-323 del 2024. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm
Segura, Romina Estefanía. (2023). Inteligencia artificial y administración de justicia: desafíos derivados del contexto latinoamericano. Revista de Bioética y Derecho, (58), 45-72. Epub 25 de septiembre de 2023.https://dx.doi.org/10.1344/rbd2023.58.40601
Unesco, (2023). Kit de herramientas global sobre la IA y el estado de derecho para el poder judicial. 212. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331_spa
Para citar: María Stella Arismendy Ramírez, “El Estado Social de derecho y la automatización de las decisiones judiciales a través del uso de la IA.” en Blog Revista Derecho del Estado, 12 de febrero de 2025. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/02/12/borrador-automatico/