La profesión jurídica en tiempos de Covid-19 en Colombia
Por: Jairo Vladimir Llano Franco*
En el contexto colombiano, entre los distintos programas de profesionales que más gradúan al año se encuentra el derecho, el título de abogado (a) que se entrega cada año supera ostensiblemente lo de otras profesiones: “En 2015, por ejemplo, la cantidad de graduados de derecho fue 3 veces mayor que la de médicos, 13 veces mayor que la biólogos, casi 28 veces mayor que los sociólogos y 84 veces mayor que la de geólogos” (García y Ceballos, 2019, p.51). Por supuesto, el número de abogados inscritos es proporcional a quienes se gradúan anualmente, según la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia, hasta el 31 de marzo del 2020 la lista de abogados inscritos sería de 343.013 y los fallecidos 12.105 (Unidad de Registro Nacional de Abogados, 2020).
Los y las abogados (as) se emplean en diferentes actividades, aunque se pueden determinar dos espacios laborales donde se desempeñan de forma concentrada. Un espacio sería la administración de justicia y el otro el de litigio. La administración de justicia convoca un número determinado de abogados (as) en su planta laboral, por lo que al realizar una descripción jerárquica de arriba hacia abajo se tendrían las Altas Cortes que orientan el quehacer judicial desde sus decisiones y jurisprudencia, por cada oficina de cada uno de los magistrados participan varios y varias abogados (as) que van desde la magistratura auxiliar hasta los y las secretarios (as), posteriormente, aparecen los tribunales regionales con sus respectivos equipos de abogados (as) que apoyan las actividades judiciales de los magistrados, después se encuentran los juzgados locales distribuidos por todo el territorio nacional, quienes tienen la mayor vinculación laboral de los profesionales del derecho.
En lo que se refiere a los jueces, se suma la Fiscalía General de la Nación, que tiene funcionarios en todo el país, quienes están acompañados por el Cuerpo Técnico Judicial –CTI-, la policía judicial e investigadores que provienen de otras especialidades como antropología y medicina forense, los fiscales y la mayoría de los funcionarios y empleados son abogados (as) y estudiantes de derecho: “…, El Consejo Superior de la Judicatura determinó en un estudio que 23.501 servidores judiciales están vinculados a la estructura judicial […] La Fiscalía General de la Nación, que se calcula en 18.000 servidores […] por lo que el total de funcionarios de la estructura judicial sería de 41.501 funcionarios” (Almario, 2016, p. 104).
Toda esta estructura de la administración de justicia, con el proceso de aislamiento social obligatorio, que inició desde el 25 de marzo y hasta el 27 de abril del 2020 por parte del gobierno central y que los gobiernos locales iniciaron desde el 20 de marzo, llevó a que se interrumpieran actividades en los juzgados, fiscalía y defensoría, solamente están funcionando Altas Cortes desde lo virtual, los juzgados de control de garantías en ciertos aspectos y algunos fiscales con apoyos técnicos en temas muy específicos. Esta interrupción se encuentra en el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura desde el 19 de marzo del 2020: “A partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo y hasta el 3 de abril de 2020, los magistrados, jueces y empleados judiciales laborarán en sus casas, salvo que excepcionalmente se requiera acudir a las sedes judiciales para adelantar actividades específicas” (Consejo Superior de la Judicatura, 2020).
Por lo cual se puede considerar que prácticamente la administración de justicia se encuentra parada por las medidas implementadas desde el mismo gobierno, demostrando que las prácticas jurídicas cotidianas en situaciones de emergencia no funcionan, quedando por fuera una estructura estatal con miles de funcionarios. Lo otro que se debe aclarar es que los abogados que hacen parte de la administración de justicia tienen garantizados sus salarios pese a que sus actividades se hayan interrumpido por el tiempo que dure el aislamiento social y se les impida volver a sus actividades laborales cotidianas.
En lo respectivo a los abogados litigantes, la situación es aún más crítica, debido a que ellos solamente trabajan con los juzgados, en procesos de diferentes áreas del derecho como penal, civil, administrativo, laboral, familia o especializados como los de restitución de tierras. Al cerrarse los juzgados del país e interrumpir los términos, los litigantes quedaron sin la posibilidad de desempeñarse laboralmente, por lo cual no reciben ningunos honorarios, ya que ellos trabajan con casos que cancelan los clientes dependiendo de los resultados. En este contexto de pandemia los procesos se encuentran interrumpidos, los litigantes que no tuvieran ahorros y solamente se dedican a esta actividad entrarían en una situación de crisis económica que lleva a la precarización de los abogados (as) y sus familias.
La situación de crisis socioeconómica de los litigantes por las medidas de confinamiento que ha originado el Covid-19, tiene sus excepciones, las firmas y bufetes de abogados reconocidas, que llevan negocios con amplias ganancias, se desempeñan en las áreas comercial, empresarial, penal y procesal; estas firmas vinculan un grupo reducidos de abogados.: “…, emplean entre el 1 y el 2% de los abogados del país, y que en algunos casos, son filiales de compañías extranjeras” (Gaviria y Sánchez, 2017, p. 184)
Esto demuestra que los y las abogados (as) en situaciones de emergencia pierden su papel protagonista, sean funcionarios de la administración de justicia o como litigantes, mientras que otras profesiones provenientes de las ciencias de la salud, exactas, naturales, económicas, sociales y las ingenierías se convierten en indispensables para enfrentar la pandemia. Esto debe determinar transformaciones en el quehacer del abogado, no solamente quedarse con el conocimiento de códigos y lo normativo por referenciar a Kelsen (2008) y el término más utilizado por los que poseen el saber jurídico, sino entrar de forma más directa a las relaciones interdisciplinarias, compartiendo estrategias de investigación y comprensión de las conductas humanas con la sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social, y de forma sutil entrar en lo transdisciplinario para compartir problemáticas de preocupación común con la medicina, la biología, la química, el medio ambiente y las ingenierías.
Estos diálogos interdisciplinarios y transdisciplinarios ampliarán el campo del derecho y posibilitarán la consolidación del derecho como ciencia además de convertirse en esencial para enfrentar crisis de este tipo y las distintas que se acudirán en tiempos venideros y donde el abogado participe de una forma activa y no sea marginal en la construcción de ese nuevo ser humano que se dice surge de las crisis.
Referencias
Almario Pantoja, M. (2016). Estabilidad y garantías de los derechos laborales de los funcionarios y empleados en el sector judicial en Colombia. Revista Novum Jus. Vol. 10. No. 1. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Consejo Superior de la Judicatura –CSJ- (2020). Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020. Recuperado de: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2fPCSJA20-11521.pdf
García Villegas, M. y Ceballos Bedoya, A. M. (2019). Abogados sin reglas. Los profesionales del derecho en Colombia: Mucho mercado y poco Estado. Bogotá: Ariel. Otra versión en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/Profesio%CC%81nJuri%CC%81dicaColombia-V2.pdf
Gaviria, J. A. y Sánchez Escobar, C. (2017). El rol de las firmas de abogados en la globalización jurídica. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 47. No. 126. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Recuperado de: https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/7687
Kelsen, H. (2008). Teoría general del Estado. México: Ediciones Coyoacán.
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia. (2020). Gaceta Foro. Lista de abogados inscritos. Recuperado de: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Reportes.aspx
* Doctor en Derecho Universidad Externado de Colombia. Antropólogo y Especialista en Antropología Jurídica de la Universidad del Cauca. Becario del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Profesor titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Libre seccional Cali. Líder del grupo de investigación Derecho Constitucional, Administrativo y Derecho Internacional Público de la misma casa de estudios con categoría A1 e Investigador Senior para la más reciente clasificación de Colciencias. Correo electrónico: jairoderecho@hotmail.com