Panorama regulatorio en Sudáfrica de cara a la pandemia COVID-19: Medidas sanitarias, alivios económicos y preocupaciones cívicas.
Por: Luz Helena Beltrán Gomez (Hanauer)[1]
Directora Ejecutiva WDB Trust
Sudáfrica ha sido uno de los países africanos que ha dado respuesta temprana a la pandemia tomado medidas multidisciplinarias encaminadas a salvar vidas, proteger su frágil economía y mantener niveles aceptables de estabilidad social en una situación compleja. El primer caso fue registrado por el Instituto Nacional de Enfermedades Comunicables (NICD, National Institute of Communicable Diseases) el 5 de marzo de 2020[2], con diez personas relacionadas provenientes de Italia. A partir del monitoreo de la curva, se declaró el estado de desastre el 15 de marzo de 2020 fecha en la que se tomaron medidas preventivas que incluyeron el cierre parcial de las fronteras, la cancelación de visas a extranjeros, la prohibición de reuniones de más de cien personas, el cierre de los centros educativos de primaria y secundaria y la prohibición de visitas a reclusos en penitenciarias nacionales, entre otros.
De conformidad con la Ley 57 de 2002 sobre administración de desastres[3] modificada por la Ley 16 de 2015 (modificación de la ley de administración de desastres de 2015)[4], después de la declaración del estado de desastre, el ejecutivo accede a poderes y recursos del presupuesto para actuar sin consultar al legislativo o a las provincias – equivalentes a Departamentos en Colombia- por un periodo inicial de tres meses, siempre y cuando las causas que dieron origen al desastre no se extiendan o dejen de existir. Por lo tanto, la extensión de estos poderes al ejecutivo inicialmente expira el 15 de junio, fecha en la cual podrá extenderlos con una declaratoria de extensión del desastre. A 16 de junio no ha habido una declaratoria de extensión del estado de emergencia, pero tampoco se han levantado las medidas declaradas para el nivel 3. Estos poderes se encuentran ligados a cinco objetivos:
- La protección o asistencia al público,
- Provisión de alivios
- Protección de la propiedad
- Preservación del orden publico
- Manejo y administración de los efectos destructivos del desastre
El ejecutivo sudafricano ha estructurado las fases del desastre de la pandemia en 5 niveles en los cuales se toman diferentes medidas que no han sido aclaradas minuciosamente más que para los niveles 5, 4 y 3; cuyos detalles han sido publicados en la gaceta oficial y distribuidos ampliamente entre la ciudadanía[5]. La estrategia ajustada al riesgo provee en líneas generales las actividades permitidas y prohibidas durante los diferentes estados de contagio y defunciones y, como su nombre lo indica, se ajusta al riesgo establecido por el comité ministerial para la pandemia a medida que se presentan y enfrentan los casos.
Desde el 27 de marzo se inició la etapa de confinamiento nivel 5[6], que restringió severamente libertades fundamentales, incluyendo aislamiento total en el lugar de residencia, prohibición de movilizar menores salvo para recibir atención médica, confinamiento de todos los ciudadanos a su lugar de residencia excepto para adquirir productos de primera necesidad, prohibición de ventas físicas y virtuales de alimentos preparados y de todos los productos fuera de la lista de productos esenciales incluida en la gaceta, prohibición de hacer ejercicio o deambular con mascotas fuera del domicilio, así como la prohibición estricta de la distribución de alcohol y productos del tabaco.
Durante el nivel 4, declarado el primero de mayo, la restricción se flexibilizó agregando a los productos esenciales una lista arbitraria de productos e incluyendo algunos servicios no esenciales declarados permitidos. Durante el nivel 4 también se extendió la concesión para hacer ejercicio en la calle, a solas, en un radio no mayor a 5 km del lugar de residencia y solo entre 6 y 9 AM. Adicionalmente se estableció un toque de queda de 9PM a 6AM. Desde el 1 de junio se ha declarado el nivel 3 en el que se levantó la prohibición de distribución de alcohol, se eliminó el toque de queda, pero se ha mantenido la prohibición de venta y distribución de productos del tabaco además de las restricciones de visitas privadas, reuniones no laborales y aglomeración de más de diez personas en lugares de trabajo mientras que continua la prohibición de viajes comerciales locales e internacionales, además de que los servicios permitidos siguen siendo restringidos [7]. Para ejecutar las medidas anteriores, el gobierno ha utilizado la asistencia del ejército y de las fuerzas de policía metropolitanas y de tránsito, lo que resultó en varios casos de brutalidad, algunos de los cuales han terminado en muertes o lesiones permanentes, principalmente en las áreas urbanas densamente pobladas y fuertemente afectadas por la pobreza[8]. Esto es alarmante porque recuerda a los ciudadanos los excesos cometidos por el régimen del Apartheid y tiene hondos efectos psicológicos colectivos.
Las medidas han sido efectivas en contener los contagios y los números de fallecidos, los cuales hasta la fecha se ajustan a las proyecciones iniciales y son relativamente bajos[9]. No obstante, estas han creado una gran devastación económica, especialmente en las personas mas vulnerables, tanto en áreas rurales como urbanas. Esta urgencia fue observada por el gobierno, el cual activó diferentes alivios económicos, los cuales, si bien nunca serán suficientes pues el problema de pobreza y vulnerabilidad existía antes de la pandemia, han sido bien recibidos y logran mitigar el efecto de las restricciones de los niveles 5, 4 y 3. Dichas medidas incluyen, entre otras:
1. Apoyo a la creación del Fondo de Solidaridad (Solidarity Fund)[10], entidad creada ad hoc y administrada en colaboración con el sector privado para gestionar recursos y administrar la entrega de ayudas físicas (mercados y productos de primera necesidad) a las áreas más afectadas. Inicialmente el Fondo de Solidaridad estableció un sistema de entrega de mercados en especie a las familias que cumplían con los criterios establecidos. En este momento, han modificado su estrategia con el fin de reactivar las economías locales, por lo que la siguiente entrega del fondo de solidaridad se realizará implementando un sistema de bonos que se pueden redimir con proveedores locales, dando mas agencia a los beneficiados a la vez que se estimula la producción local.
2. Establecimiento de un subsidio de desastre por R350 mensual (Aprox 75.000 COP) por un periodo de tres meses, que se pueden extender máximo por otro periodo de tres meses para las personas que no se encuentren cubiertas por ningún subsidio oficial u otro ingreso. Este subsidio es pagado por la Agencia Sudafricana de Seguridad Social (SASSA – South African Social Security Agency) adscrita al ministerio de Desarrollo Social[11]
3. Destino de partida presupuestal para el alivio de los empleadores y empleados para cubrir las nóminas pendientes desde abril por medio del Fondo de Seguro de Desempleo (UIF – Unemployment Insurance Fund)[12], entidad adscrita al ministerio de trabajo. Este fondo en condiciones normales, cubre una porción los salarios de los desempleados por tres meses y una porción el ingreso de las mujeres en licencia de maternidad. Durante la pandemia, el UIF registra las aplicaciones tanto de empleadores como empleados para lograr mayor cobertura. El UIF permite que se registren empleados nacionales y extranjeros que se encuentren trabajando legalmente en el país y ha entregado pagos por momento la mayoría de las solicitudes por COVID que se presentaron para el mes de abril y hasta el momento ha cancelado un porcentaje de las del mes de mayo.
4. Alivios fiscales para empleadores, declarantes de IVA, declarantes provisionales, extensión de plazos arancelarios, acceso extendido (con menores impuestos) a cesantías, y deducciones por todas las donaciones realizadas al fondo de solidaridad. Estas medidas son implementadas por el Servicio Sudafricano de Impuestos y Aduanas (SARS – South African Revenue Service) [13], entidad adscrita al Departamento del Tesoro Nacional.
5. Creación del Esquema de Financiación de Deuda para Pequeños Negocios por parte del Departamento de Desarrollo de Pequeños Negocios (Small Business Development)[14]
La emergencia ha resaltado las profundas desigualdades sociales aun marcadas por la raza en un contexto global que es necesario tener en cuenta y que tiene un impacto importante entre la población sudafricana, especialmente sensible ante los abusos raciales y colonialistas debido a su historia compleja. Sin embargo, también ha permitido al gobierno demostrar capacidad de gestión, gobernanza y respuesta oportuna frente a este titánico reto. Existen criticas válidas y fundamentadas a las estrictas prohibiciones a las libertades personales que parecen arbitrarias (en especial las prohibiciones al consumo de alcohol y tabaco, que vistas desde otra perspectiva podrían parecer claros signos de proteccionismo y que afectan directamente a importadores). Han surgido serias preguntas sobre la solidez del estado de derecho más allá de la emergencia con respecto al uso de facultades ejecutivas para modificar procesos no relacionados con el desastre[15]. Finalmente, un asunto que genera especial preocupación en esferas académicas y cívicas es la visible militarización (¿innecesaria?) de la sociedad civil, así como el uso excesivo de la fuerza sobre la ciudadanía.
[1] Luz Helena Hanauer es abogada de la Universidad Externado de Colombia, master en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, y ha obtenido un Doctorado en la Universidad del Witwatersrand en Sudáfrica. Actualmente presta sus servicios como Directora Ejecutiva del Banco de Desarrollo Para la Mujer – WDB Trust, una organización no gubernamental que habilita plataformas de microfinanzas para mujeres rurales, formación práctica y proyectos productivos para mujeres y jóvenes en áreas rurales y desarrollo social para familias que se encuentran viviendo en la pobreza en las áreas periurbanas y rurales.
En el pasado, Luz Helena ha servido en las posiciones de Directora de Investigación y Desarrollo de la Fundación Zanele Mbeki, con un enfoque especial en la igualdad de género. También ha sido Jefe de Programas en el sector de gobernanza, con enfoque en gobernanza local, recursos naturales, formación juvenil y desarrollo infantil. Su experiencia corporativa fue adquirida trabajando como Gerente de Comercio Exterior en el área de salud pública realizando gerencia jurídica, comercial y financiera en los proyectos de desarrollo comercial relacionados con inversiones internacionales, exportaciones e importaciones.
[2] https://www.nicd.ac.za/first-case-of-covid-19-coronavirus-reported-in-sa/
[3] https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a57-020.pdf
[4] https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201512/39520act16of2015disastermanamendact.pdf
[5] https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202004/43258rg11098gon480s.pdf
[6] https://sacoronavirus.co.za/covid-19-risk-adjusted-strategy/?__cf_chl_jschl_tk__=23bf8713f1d91190483ef21bb7413cd66f357b9e-1589646199-0-AW7d67G0IWmmtIwVB_27TKoKVwpcv7KeVrH6GL3yavNr9S4H9K0QVr-XHbqyptvor1pn_S2b0Ne2yQQKo0s2bg4rif545JaS96JvsBKE8DLUv3Mqz37uih1anfIxSpbjEISGJnIlweJ0N3p0HzbAfBva1zBzefU1Vsd0e_1h0VWlI9V1brIeUgm3cu_CnQs5rwvoO7OjCFU4Y9–Uoz3pFp1rhkZ3Q2UWo4lFQJrZq8PciLIVefibn9-mQ9Qe2FAPypLocarhCswGSMrNLQxn0veEJWWFD7Mj5c_gF4p3sNbR6M_Y_h-9YWmiEhCIoZnuw
[7] Salvo la curiosa excepción de las congregaciones religiosas, que recibieron permiso para recibir en sus congregaciones hasta 50 personas.
[8] https://mg.co.za/article/2020-04-27-an-end-to-police-and-army-brutality-is-still-urgent-khosa-family/
[9] A 16 de junio de 2020, se reportaban 73.533 casos confirmados, 39.867 recuperados y 1568 decesos.
[10] https://www.solidarityfund.co.za/about.html
[11] https://www.sassa.gov.za/Pages/Social-Relief-of-Distress-Grant.aspx
[12] https://www.ufiling.co.za/uif/help-faqs
[13] https://www.sars.gov.za/Media/Pages/Tax-Relief-measures.aspx
[14] https://www.mybindu.org.za/debt-relief-finance-scheme
[15] Por ejemplo, el tema de compras públicas y la agenda de transformación económica radical, que busca imponer más capas de acción afirmativa –Black Economic Empowerment – BEE– a los procesos de licitación pública.