El caso Glossip contra Oklahoma: el azar y los errores de inventario que burlaron a la muerte.
Por: Milton José Pereira Blanco[1]
Richard Glossip se sentó tres veces, durante los veintiséis años que permaneció en el corredor de la muerte en una celda de Oklahoma, para elegir los últimos alimentos que degustaría su paladar. Tuvo tres veces la última cena y nueve fechas de ejecución programadas en total. Sin embargo, el azar, la buena suerte y la burocracia penitenciaria frenaron a última hora el cometido de esos rituales mortuorios e impidieron que una persona inocente muriera ejecutada injustamente.
Glossip no está vivo gracias a la justicia; está vivo porque, horas antes de su ejecución, ocurrió un error de inventario con los componentes químicos de la inyección letal en el protocolo de Oklahoma. En ese estado se utiliza un cóctel de sustancias químicas inyectadas en cadena para la pena de muerte: Midazolam (sedante), bromuro de vecuronio (paralizante) y cloruro de potasio (ejecutor). Cada sustancia tiene una misión médica estricta; si alguna falla, el procedimiento se transforma en tortura, aunque el solo hecho de habitar el corredor de la muerte ya lo sea.
El día señalado, Glossip ya estaba en la camilla y los permisos judiciales para proceder estaban listos. No obstante, el médico de turno observó que, en vez de cloruro de potasio, el proveedor había enviado acetato de potasio. Este error le salvó la vida: la gobernadora de la época, Mary Fallin, detuvo la ejecución dos horas antes de que se presionara el émbolo. Hoy, Glossip camina libre tras casi treinta años de condena. Según informó CNN, abandonó este mes de mayo la penitenciaría estatal de Oklahoma después de que un tribunal le concediera un nuevo juicio y la libertad bajo fianza, pagada aparentemente por la celebridad Kim Kardashian.
El caso de Glossip muestra que la justicia, a veces, se muestra profundamente injusta, y no pocas veces estas fallas provienen de quienes deberían evitarlas o de quienes teóricamente garantizan nuestros derechos. En 1997, Justin Sneed asesinó a Van Treese en Oklahoma y sostuvo que Glossip había participado en el crimen para robar el dinero de la víctima. A pesar de que Glossip negó rotundamente su vinculación con los hechos, fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte basándose, casi exclusivamente, en el testimonio de Sneed. Si bien se anuló la condena inicial, el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma (OCCA) confirmó una segunda sentencia condenatoria.
Posteriormente, una investigación independiente financiada por los propios legisladores de Oklahoma evidenció inconsistencias graves en el proceso: destrucción de pruebas, retención de documentos y la tergiversación del testimonio de Sneed por parte de la Fiscalía. Asimismo, se reveló el trastorno bipolar de Sneed y su falso testimonio sobre su receta de litio.
Ante este panorama, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisó el caso mediante un recurso de certiorari y concedió a Richard Glossip el derecho a un nuevo juicio. El tribunal concluyó que la fiscalía, teniendo conocimiento, omitió corregir el testimonio falso del testigo principal, una declaración errática que incidió directamente en la condena.
En el expediente N.º 22–7466 (Richard Eugene Glossip, Peticionario v. Oklahoma), mediante auto del 25 de febrero de 2025, la Corte Suprema determinó que el Estado violó su obligación constitucional. Trayendo a colación el célebre precedente Napue v. Illinois (360 U.S. 264), se reiteró que una condena obtenida a sabiendas “mediante el uso de pruebas falsas” viola la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Para establecer una violación Napue, el acusado debe demostrar que la fiscalía solicitó conscientemente un testimonio falso o permitió que este no se corrigiera al ser presentado. Si se demuestra esto, y el falso testimonio pudo haber afectado el veredicto del jurado (Giglio v. United States), se justifica un nuevo juicio. Para la Corte Suprema, este estándar de materialidad exige que el beneficiario del error constitucional demuestre, más allá de toda duda razonable, que la falla alegada no contribuyó al veredicto obtenido (United States v. Bagley).
En este caso, el propio fiscal general de Oklahoma reconoció la existencia del error Napue y admitió la omisión de la fiscalía. El expediente respalda dicha confesión: la fiscalía sabía que las declaraciones de Sneed eran falsas mientras testificaba, pues es casi seguro que tuvo acceso a su expediente médico (el cual incluía el diagnóstico de trastorno bipolar y la prescripción de litio) como parte de la evaluación de competencia del testigo. A pesar de ello, el Estado se había opuesto previamente a la solicitud de Glossip para acceder a dichos registros.
La Corte Suprema también resaltó que el tribunal de instancia de Oklahoma condenó basándose en una interpretación errónea de Napue. Para el tribunal local, no había violación porque la defensa «debía estar al tanto» de que Sneed tomaba litio, argumentando que la fiscalía no podía ocultar algo que la defensa ya sabía. La Corte Suprema desestimó este argumento aclarando que el falso testimonio de Sneed versaba sobre las razones de su prescripción y no sobre el mero hecho de tomar el medicamento. Pero más allá de esto, el tribunal supremo recordó que la Cláusula del Debido Proceso impone la responsabilidad de corregir el falso testimonio a los “representantes del Estado” y no al abogado defensor. Las creencias o negaciones del testigo resultan irrelevantes; lo jurídicamente vinculante es que el testimonio era falso y el fiscal lo permitió.
Glossip, un hombre sin antecedentes penales que confió en el sistema y rechazó cualquier preacuerdo amparado en su inocencia, terminó en el corredor de la muerte por el dicho de un único testigo motivado para mentir. Su caso expone las debilidades de un sistema penal que parece preocuparse más por las cifras de condenas y ejecuciones que por las garantías efectivas de los procesados.
Las tres «últimas cenas» de Glossip narran esta tragedia burocrática: la primera, el 28 de enero de 2015, suspendida horas antes para revisar los componentes de la inyección; la segunda, el 15 de septiembre de 2015, donde tras ordenar un filete de ternera frito al estilo sureño, pescado, una hamburguesa con bacon y un batido de fresa, la ejecución fue reprogramada; y la tercera, en la que cenó pizza, pescado con patatas y otro batido de fresa, frenada en seco por el ya famoso «error de inventario».
La vida de Glossip no se salvó por una epifanía de la justicia, sino por un error de farmacia. El protocolo exigía cloruro de potasio para detener su corazón; en su lugar, el almacén custodiaba acetato de potasio, un compuesto jamás probado en ejecuciones y que ya se había administrado por error a otro reo en la más absoluta ignorancia general. Una simple letra de diferencia en una etiqueta química separó su cuerpo de una fosa común. Si los funcionarios de Oklahoma hubiesen gestionado bien su inventario de venenos en 2015, Glossip habría sido ejecutado en silencio. La Corte Suprema jamás habría emitido el certiorari: para cuando los magistrados leyeran su expediente, Richard Glossip llevaría más de seis años muerto.
Irónicamente, este error burocrático le entregó la llave maestra para acceder al máximo tribunal, en un escenario donde el certiorari es un auténtico milagro estadístico. La tragedia del sistema penal de Oklahoma transformó el dolor de Glossip en un catalizador mediático, atrayendo la atención de figuras públicas como Susan Sarandon, Richard Branson, Helen Prejean, Phil McGraw y Kim Kardashian. Ellos encendieron los reflectores correctos en un sistema donde, lamentablemente, la justicia a veces solo parece convertirse en espectáculo para salvar a quienes logran llamar la atención del público.
[1] Abogado y Licenciado en Filosofía. Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Profesor de la Universidad de Cartagena. Magister en Derecho Penal de la Universidad de Palermo (Argentina). Magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte (Colombia). Postgraduado en Diplomacia en Cambio Climático: Negociaciones climáticas internacionales del Colegio de Biólogos del Perú. Especialista en Pensamiento Estratégico Urbano del (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Especialista en Derecho Contencioso Administrativo, y en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Casación Penal de la Universidad Gran Colombia, y en Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Católica de Colombia. Ex Conjuez de la Comisión de Disciplina Judicial seccional Bolívar. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9080-4947 E-mail: mpereirab@unicartagena.edu.co
Para citar: Milton José Pereira Blanco, “El caso Glossip contra Oklahoma: el azar y los errores de inventario que burlaron a la muerte” en Blog Revista Derecho del Estado, 05 de junio de 2026. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2026/06/05/el-caso-glossip-contra-oklahoma-el-azar-y-los-errores-de-inventario-que-burlaron-a-la-muerte/