Derechos sociales y COVID-19: ¿Quién responde por los más pobres?

Diana Guarnizo[1]

 

Nunca antes nuestra generación había enfrentado una crisis que amenazara su existencia, sus valores y la forma en que vivimos tanto como esta pandemia originada por el SARS-COVID-19. Pero al mismo tiempo, si queremos salir de esta crisis con el menor número de afectaciones y proteger las estructuras más básicas de la sociedad necesarias para volvernos a levantar, nunca antes había sido tan necesario una reflexión a partir de los derechos humanos.

Como cualquier otro estado de emergencia, afrontar esta crisis requerirá de medidas y poderes excepcionales que lo justifican. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental incluye el derecho a “La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas” (Art. 12).

Las medidas que se adopten bajo esta situación de emergencia, aunque justificadas por la emergencia sanitaria, deberían respetar también el marco de derechos humanos y el respeto a las poblaciones más vulnerables. Los Principios de Siracusa así como el Comité de Derechos Humanos establecen que cualquier limitación a la libertad de las personas debe ser legal, necesaria, proporcionada y limitada en el tiempo. En especial, distintos organismos de derechos humanos han recordado que estas medidas no deben ser utilizadas para acallar a los disidentes políticos o los defensores de derechos humanos.

Recientemente la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que en la respuesta al COVID-19 “deben tutelarse los derechos de todas las personas que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo.” Igualmente, la Relatoría recordó que el acceso a servicios de salud debe hacerse con respeto al principio de igualdad y no discriminación; y que cualquier medida regresiva debe ser tomada como última opción luego del análisis de todas las demás opciones disponibles.

Evidentemente el llamado a proteger a los más vulnerables es algo que se dice más fácil de lo que se hace. Por ello, resulta crucial que los gobiernos, diseñen a la mayor brevedad medidas creativas y ágiles para proteger sus derechos. El viernes, 20 de marzo, el Gobierno de Iván Duque anunció medidas de aislamiento social para todo el país a partir de esta semana. Las medidas, aunque necesarias para enfrentar la crisis, dejan sin resolver muy bien cómo se responderá a la situación de los más vulnerables. A continuación, se presentan algunas de las medidas que han sido discutidas e implementadas en otros países y que pueden ser relevantes para la discusión pública en Colombia.

 

Servicios básicos

Es indispensable que los servicios básicos esenciales sean protegidos a la mayor brevedad. La OMS ha señalado que el lavado de manos es una medida necesaria para prevenir el contagio y que los servicio de agua, saneamiento y manejo de residuos hospitalarios resultan indispensables para ello. Por ello, los gobiernos deben hacer esfuerzos por mantener este servicio básico esencial a las comunidades que ya lo tengan e impedir que los corten en casos de no pago. Es destacable el anuncio de Iván Duque de restablecer el servicio de reconexión de agua de manera gratuita a quienes lo tenían cortado y de congelar las tarifas durante la emergencia. Pero no vendría mal contemplar la posibilidad de no cobrar este servicio a las familias vulnerables que no puedan pagarlo durante el tiempo que dure la crisis.

La medida, además, no corrige los fallos estructurales en aquellas comunidades rurales que no disponen desde hace tiempo del servicio. En Montes de María, así como en otros centros poblados, se viene denunciando que las comunidades no tienen acceso a agua potable, ni siquiera para beber, por lo que tampoco pueden proceder a un lavado de manos frecuente.

Otros servicios básicos son también relevantes en esta época y de necesaria protección. El servicio de internet, por ejemplo, resulta fundamental para asegurar las comunicaciones y el trabajo de aquellos que pueden hacerlo a distancia. El gobierno debería asegurar que los proveedores de este servicio no cambien las condiciones de los contratos durante el tiempo de crisis tal como se hizo en España.

 

Mínimo vital y derecho al trabajo

Aquellos que viven del “rebusque” como los trabajadores ambulantes, los que trabajan por horas (empleadas domésticas) o en la denominada “gig economy” (Uber, por ejemplo) son los que más verán afectados sus ingresos. Sin poder acceder al sustento diario, se exponen a no poder suplir sus necesidades básicas o a ser desalojados de sus viviendas. Por ello, es urgente que el Gobierno diseñe mecanismos para asegurar a estas personas un mínimo vital. Las medidas anunciadas por el Gobierno que incrementan el gasto a Familias y Jóvenes en Acción, aunque importantes, son apenas una fracción de toda la gente que se verá afectada.

Una propuesta que cabe dentro de estas transferencias no condicionadas y que resurge en tiempos de crisis es la del Experto Independiente sobre el Impacto de la Deuda Externa que propuso introducir un ingreso básico universal de emergencia. En Colombia, es difícil que un pago universal (que aplique a todos los ciudadanos sin consideración de su ingreso) se efectúe, pero sería posible contemplar pagos no condicionados a todas las personas vulnerables. El anuncio que hizo el Gobierno de pagar un “Giro solidario” por un valor de 160.000 pesos y que cubrirá a 3 millones de familias, es un paso importante en esta dirección. Aunque el monto es bajo, si este fuera parte de un paquete de ayudas que cubriera también el pago de vivienda y un rubro para alimentos, podría ser un paquete suficiente para convencer a la gente de quedarse en casa.

Importante también será pensar en aquellos que verán sus contratos disminuidos de manera temporal o simplemente terminados por parte de sus empleadores. Para ellos, una propuesta es asegurar que el acceso al subsidio de desempleo, o una parte de este, también se destine a personas en condición de vulnerabilidad aunque todavía no cumplan el mínimo de cotizaciones. Esta es una propuesta que ya está en funcionamiento en España. En Estados Unidos, famoso por no tener una política de seguros para el desempleo, se acaba de aprobar un “Seguro de estabilización de emergencia contra el desempleo” el cual transfiere dinero a los estados para que desarrollen una línea de beneficios a los trabajadores que hayan perdido o reducido su trabajo.

En Colombia, el subsidio de desempleo se otorga hasta por 6 meses a todos los trabajadores, dependientes o independientes, que hayan cotizado durante 12 meses, y contempla un bono alimentario hasta por un salario y medio mínimo legal vigente. Una forma de cubrir a los más vulnerables sería extender dicho bono a aquellos que estén cotizando, aunque no cumplan con el mínimo de meses de cotización.

 

Seguridad y salud en el trabajo

Mientras muchos perderán su empleo, otros grupos tendrán que doblar su trabajo. Enfermeros(as), médicos y personal sanitario en general serán los héroes de la jornada. Para ellos, la Relatoría DESCA recordó la importancia de adoptar medidas de protección y entrenamiento así como dotarlos de “equipos de protección personal y para la desinfección de ambientes”. Este mismo principio debería aplicar también el personal que desempeña funciones indispensables durante el periodo de aislamiento: cajeros de supermercado, conductores del servicio de transporte, personal de limpieza y desinfección de calles, personal que trabaja llevando comidas y mercados a domicilio, etc. De su seguridad dependerá la vida de todos.

 

Derecho a la alimentación

Es clave que el gobierno garantice el acceso y abastecimiento de alimentos para todos. Para ello es posible que las medidas de aislamiento no incluyan las personas trabajando en estos servicios por lo que serán los héroes de la jornada. Es importante que en dichas cadenas se incluyan también a pequeños agricultores.

Igualmente, los gobiernos deberían asegurar que el acceso a alimentos saludables y de calidad sigan siendo accesibles para poblaciones vulnerables. Por ejemplo, que los refrigerios escolares seguirán repartiéndose a los niños de familias que más lo necesiten y que comidas calientes llegarán a los más vulnerables (personas de tercera edad viviendo solos, habitantes de calle, etc.). Bogotá está haciendo una buena labor en garantizar este servicio manteniendo el refrigerio escolar a pesar de no haber clases presenciales, pero es clave que otras regiones se preparen también para el reto. Es importante que en la distribución de alimentos se privilegien los alimentos saludables y las líneas de producción local.

 

Derecho a la vivienda

Para aislarse se necesita un lugar donde vivir y eso es algo que no todo el mundo en Colombia tiene. Los gobiernos locales deben destinar lugares de refugio a las personas habitantes de calle, migrantes sin vivienda y toda otra persona que no tenga lugar para refugiarse.

Para las personas que tengan créditos hipotecarios y solo dispongan de una residencia sería razonable que el Gobierno decretara una moratoria en el pago de los créditos de manera que aquellos que vean sus ingresos disminuidos no teman también perder su hogar. Estas medidas ya han sido tomadas en España, Francia e Italia. En todo caso, expertos de Naciones Unidas han hecho un llamado para que en ningún caso se hagan desahucios masivos en épocas de crisis.

La financiación de todas estas medidas sociales requerirá una inversión fuerte de recursos de la Nación. Ya tendrá tiempo el Gobierno para evaluar si las reducciones de impuestos a las empresas y el aumento en pago de renta a los asalariados fue la mejor idea para el ya limitado presupuesto nacional. Sin embargo, es importante resaltar aquí el deber de cooperación y asistencia humanitaria que tienen otros estados y las agencias financieras internacionales. No es momento para recortes. Al contrario, Europa, Estados Unidos y otros países están incrementando el gasto por vía de deuda pública y reapropiaciones de gasto internas.

Hoy más que nunca se necesita una visión que ponga al ser humano por encima de los intereses corporativos y económicos. Hoy más que nunca necesitamos una lectura desde los derechos humanos.

 

[1] Directora del área de Justicia Económica en Dejusticia. PhD, LLM Universidad de Essex. Especialista en Derecho Constitucional y Abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Comentarios a dguarnizo@dejusticia.org