8M: Entre el violeta y la herida
Por: Angie Carolina Eraso Jaramillo[1]
El día en que escribo esta columna es 8 de marzo otra vez. Las redes sociales se inundan de violeta, de exaltación a las mujeres, de frases de lucha. Mientras tanto, en la calle, gritamos arengas como “Alerta que camina la lucha feminista por América Latina y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista” o “Amiga, hermana, aquí está tu manada”. Aunque las entidades y los hombres escriban en esta fecha largos textos sobre nuestro valor, las cifras no mienten: seguimos siendo víctimas de violencia basada en género.
Por eso, hoy, día Internacional de la Mujer, no es solo una fecha para conmemorar las luchas y visibilizar los logros alcanzados, sino también una excusa más para reflexionar sobre las deudas históricas que aún persisten en nuestra sociedad. En Colombia, este día adquiere un significado especial, pues nos enfrentamos a una realidad alarmante: según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, hasta el 28 de febrero de 2025, 95 mujeres habían sido víctimas de feminicidio, es decir, asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estas cifras no son solo números; representan vidas truncadas, sueños arrebatados y familias destrozadas. Detrás de cada una de estas muertes, hay historias de dolor, desamparo y, en muchos casos, hijos e hijas que quedan en la orfandad, enfrentando un futuro incierto.
El feminicidio no solo es la expresión más extrema de la violencia de género, sino también un crimen que deja secuelas profundas en la sociedad y la familia que es su núcleo fundamental, consagrado así incluso en la carta constitucional; esto, por cuanto, los hijos e hijas de las víctimas son, en muchas ocasiones, grandes olvidada/os en esta tragedia. Según datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre 2023 y 2024, Colombia registró 955 huérfanos a causa de feminicidios (lo que se advierte, podría corresponder a cifras mayores debido al subregistro). Esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué pasa con estos niños y niñas? ¿Quién se hace cargo de su dolor, su educación, su futuro?
A propósito, cito a Lorena Salazar Masso en Esta herida llena de peces:
“¿Qué hace alguien que crece sin madre? ¿lo cuida el viento, una profesora, la señora de la tienda de la esquina? ¿quién le enseña a rezar, a temer, a dejar de dibujar? ¿quién le dice: <<¡niño, eso no se hace!>> ¿quién le corta las alas y quién se las cose? ¿quién le pone los pies en la tierra? (…) Para un niño, una mamá es la persona que pregunta si quiere leche en el chocolate, la que regaña cuando camina descalzo por la casa, la que prueba la sopa primero, se quema la lengua y espera a que se enfríe un poco. Una mamá es la persona que está.
(…)
Una madre es una cáscara. Guarda la semilla, cubre, protege, se abre para que salga el fruto. La madre tiene al hijo adentro, el hijo tiene a la madre alrededor” (2022)
En este contexto, la reciente aprobación en tercer debate del proyecto de ley «Huérfanos por Feminicidio», presentado por la representante Juliana Aray, es un paso fundamental, pues se busca garantizar la protección y atención integral de las/los menores que han quedado huérfanos a causa de este delito, ofreciéndoles no solo un apoyo inmediato, sino también herramientas para reconstruir sus vidas. Entre las medidas propuestas se incluyen la atención psicosocial gratuita, la creación de una ruta de atención para garantizar derechos fundamentales como la educación y la identidad, y el establecimiento de un Registro Nacional para los hijos e hijas de víctimas de feminicidio; siendo menester que, esto último se analice y aplique sin revictimización y con supremo cuidado de los datos personales y sensibles de los menores.
Sin embargo, este proyecto de ley no solo es una respuesta a una necesidad urgente, sino también un recordatorio de la responsabilidad que tiene el Estado y la sociedad en su conjunto para proteger a los más vulnerables, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como lo son las y los Niños, Niñas y Adolescentes (N.N.A). Como bien lo expresó la representante Aray: «El Estado no puede permitir que estos menores queden desamparados. Debe garantizarles una vida digna, a pesar de la tragedia que han sufrido». Este proyecto es un primer paso, pero no puede ser el último; menos puede convertirse en un proyecto que como muchos otros no trasciendo la letra y esta muere en la espera de ejecución y recursos. La lucha contra todas las formas de violencia basada en género y en especial, contra el feminicidio y sus consecuencias debe ser una prioridad en la agenda pública, y requiere de un compromiso firme y sostenido.
La violencia de género, en cualquiera de sus expresiones, es una violación flagrante a los derechos humanos, como lo reconocen instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Convenio de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994); estos tratados no solo condenan la violencia contra las mujeres, sino que también establecen la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó el modelo de Estado Social de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad. El artículo 13 de nuestra Carta Magna prohíbe la discriminación por razones de sexo, y el artículo 43 reconoce expresamente la prohibición expresa de someter a la mujer a discriminación de cualquier tipo. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, la realidad nos muestra que las mujeres colombianas siguen enfrentando múltiples formas de violencia, muchas de las cuales han sido naturalizadas e invisibilizadas históricamente.
El feminicidio, tipificado como delito autónomo en Colombia mediante la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), es la manifestación más brutal de esta violencia. Sin embargo, su reconocimiento judicial sigue siendo un desafío. En muchos casos, estos crímenes son clasificados simplemente como «homicidios», lo que impide un análisis adecuado del fenómeno y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para prevenirlo. Esta falta de claridad en la tipificación no solo invisibiliza la magnitud del problema, sino que también perpetúa la impunidad.
Los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio son doblemente vulnerables: por un lado, pierden a sus madres de manera violenta y traumática; por otro, enfrentan un futuro incierto, marcado por el desamparo y la falta de oportunidades. Muchos de estos menores quedan al cuidado de familiares que no están preparados para asumir esta responsabilidad, o peor aún, son enviados a instituciones donde no reciben la atención integral que necesitan.
El proyecto de ley «Huérfanos por Feminicidio» busca cambiar esta realidad, ofreciendo un sistema de protección integral que abarque desde la atención psicosocial hasta el acceso a la educación y el empleo. Sin embargo, su implementación efectiva requerirá no solo de recursos económicos, sino también de un cambio cultural que reconozca la importancia de proteger a estos menores y garantizarles un futuro digno.
La lucha contra el feminicidio y la violencia de género no es solo una cuestión de justicia, sino también de dignidad y humanidad. Como sociedad, no podemos permitir que sigan muriendo mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ni que sus hijos e hijas queden condenados al desamparo. Merecemos una vida libre de violencias, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y donde los niños y niñas crezcan en un entorno seguro y amoroso.
En este sentido, es fundamental que el Estado colombiano cumpla con su obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, y que la sociedad en su conjunto se comprometa a romper con los estereotipos y prácticas que perpetúan estas desigualdades. La aprobación del proyecto de ley «Huérfanos por Feminicidio» es un avance importante, pero no podemos conformarnos. La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser una prioridad en la agenda pública, y requiere del esfuerzo y compromiso de todos, pues, como lo dijo Adam Smith en 1776 «El grado de civilización de un pueblo se puede juzgar por el grado de independencia de las mujeres».
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Esta columna es un llamado, un grito, un guiño y una exigencia por las que ya no están porque desde la tumba no se puede gritar y por las que están en silencio, con miedo. No podemos permitir que sigan muriendo mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ni que sus hijos e hijas queden condenados al desamparo, a la infancia coartada y a los sueños rotos. Merecemos una vida libre de violencias, y es nuestra responsabilidad colectiva hacerlo posible.
[1] Abogada, administradora pública. Especialista en contratación internacional. Magister en derecho público. Investigadora en asuntos de género del Observatorio de Género de Nariño. Redes sociales: https://www.linkedin.com/in/angie-carolina-eraso-jaramillo-4949b2113/, https://web.facebook.com/acej03/ , https://www.instagram.com/acej_97/
Para citar: Angie Carolina Eraso Jaramillo, “8M: Entre el violeta y la herida” en Blog Revista Derecho del Estado, 09 de junio de 2025. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/06/09/8m-entre-el-violeta-y-la-herida/