Corte Constitucional bajo ataque: el caso ecuatoriano
Sebastián López Hidalgo
Doctor en Derecho (Ph.D) Universidad Andina Simón Bolívar-Quito. Magister en Derecho Constitucional Universidad Andina Simón Bolívar-Quito. Profesor de Derecho Constitucional Universidad del Azuay, Universidad Andina Simón Bolívar-Quito, y Universidad de las Américas-Quito. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Ecuador. Ex becario Fundación Carolina.
RESUMEN
La presente reflexión intenta retratar los rasgos más sobresalientes de los ataques que ha sido objeto la Corte Constitucional ecuatoriana en la actualidad por parte del Ejecutivo, teniendo como antecedente algunas decisiones trascendentales del órgano constitucional. Se pone en evidencia los riesgos que represente esta arremetida institucional en perjuicio de la necesaria independencia judicial que debe caracterizar a la más alto Tribunal en una democracia.
Desde la vigencia de la Constitución de 2008, la Corte Constitucional ecuatoriana como máximo órgano de interpretación, control y administración de justicia constitucional ha sido objeto de diversas críticas que cuestionan su actividad y ejercicio en su calidad de guardián del pacto fundamental.
Si bien el texto Constitucional actual se apresta a cumplir diecisiete años de vigencia, marcando una ruptura con el constitucionalismo más ortodoxo que precedió al país, los cuestionamientos en contra del órgano constitucional que hizo su debut en la nueva institucionalidad de 2008 no han cesado. De hecho, las disputas sobre el accionar de la Corte parecen haber oscilado en términos extremos, desde una confianza acrítica en la Corte marcada en sus inicios por una deferencia funcional cuestionable del órgano de revisión judicial para con el Ejecutivo de ese entonces; hasta un nuevo momento de configuración y recambio de juezas y jueces que ha operado desde el año 2019, -acentuado sus rasgos contramayoritarios como órgano de revisión constitucional-, en donde se han evidenciado actitudes abiertamente amenazantes por parte de los poderes constituidos en contra de la necesaria autonomía e independencia judicial como principios básicos que deben guiar la actuación de la Corte Constitucional.
Varios son los fallos que han encendido la crítica en contra de la Corte, particularmente a partir de sus últimas conformaciones que datan del año 2019. Desde sentencias que se relacionan con el tema del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el tema de la muerte digna, pasando por dictámenes que han permitido el enjuiciamiento político a un Presidente de la República y algunas otras resoluciones en línea de frenar los rostros de un constitucionalismo abusivo en los cuales ha incurrido el Ejecutivo a través de declaratorias recurrentes de estados de excepción al margen de la Constitución, la Corte ha sido blanco de fuertes críticas pero también de un extendido reconocimiento público, al punto de ser calificada como el único espacio de institucionalidad reconocible en medio de la frágil democracia que vive el país.
Sin embargo, a pesar de que muchos de los cuestionamientos al accionar de la Corte han sido procesados en las arenas de la discusión pública y la academia más informada, -lo que no deja de ser preocupante por los rasgos elitistas que puede caracterizar una conversación de especialistas-, los ataques a los que se ha visto sometida el órgano de control constitucional en los últimos meses no encuentran precedentes en el constitucionalismo más reciente en el país, y solo son comparables con las amenazas y desprestigio proferidas por ex Presidente de la República, Rafael Correa, en donde se cuestionó con vehemencia a las últimas integraciones de la Corte Constitucional que datan del año 2019 y que, paradójicamente, había empezado a destacarse por su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional en relación con sus pares que la precedieron.
Actualmente, esta crítica virulenta al accionar de la Corte se ha dejado sentir con toda su intensidad a partir de algunos fallos recientes en donde el órgano constitucional decidió suspender provisionalmente varias disposiciones de algunos cuerpos normativos calificados como prioritarios por el Ejecutivo en su lucha contra el crimen organizado, que fueron posteriormente tramitados y aprobados por una Asamblea Nacional de mayoría oficialista con escasa discusión y deliberación parlamentaria, haciendo aún más patente los vicios de inconstitucionalidad que caracterizaban a estas leyes.
A partir de ahí, el debate sobre la responsabilidad que deben asumir las juezas y jueces en el país ha tomado un nuevo giro al punto de haber experimentado una respuesta injustificable desde el Ejecutivo que pretende poner en jaque a la Corte Constitucional colocándola como el enemigo de la ciudadanía. En efecto, el actual Presidente de la República intenta vía consulta popular, impulsar una reforma a la Constitución para permitir el enjuiciamiento político en el seno del parlamento a los jueces de la Corte Constitucional, sometiéndolos a las decisiones coyunturales de la política ordinaria tal como sucedió en el Ecuador al amparo de la Constitución de 1998, en un episodio de ingrato recuerdo para el constitucionalismo ecuatoriano. Se trata entonces de una decisión populista y plebiscitaria que, en caso de ser aprobada en consulta, permitirá a los gobiernos de turno y a las mayorías parlamentarias del momento, sortear los límites constitucionales prevalidos de la amenaza política a los jueces de la más alta Corte en el país, desconociendo el verdadero rol y función de un Tribunal Constitucional en una democracia.
Sin duda, esta iniciativa del Presidente, aupada por una marcha y movilización que ha sido convocada desde el propio Ejecutivo en contra de la Corte, han encendido las alarmas y la discusión pública a nivel nacional, pero, también de ciertos organismos internacionales de protección de derechos humanos que miran con especial preocupación la embestida que se ha emprendido en contra de la Corte. Y es que, el calado de la intención presidencial a través de esta consulta tendría un impacto directo en la débil institucionalidad ecuatoriana, socavando la democracia, la independencia judicial y la división de poderes dentro del Estado.
En ese contexto, la advertencia que hiciera Cristina Lafont sobre la necesaria constitucionalización del discurso político como el antídoto democrático para evitar una politización indebida de las cuestiones constitucionales más importantes, o peor aún, un ataque interesado a la justicia constitucional bajo un argumento distorsionado de la falta de legitimidad democrática del órgano de revisión constitucional, es una tarea pendiente en el constitucionalismo ecuatoriano.