La unidad de restitución de tierras en la construcción de una transición ecocéntrica e intercultural en Colombia
Por: Daniel E. Florez Muñoz[1]
La política pública de restitución de tierras en Colombia, consolidada a través de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, ha representado uno de los ejes más significativos en la construcción jurídica del canon de instituciones y derechos a favor de las víctimas del conflicto armado en el país. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) se ha erigido como el órgano central para la implementación de este proceso, articulando la reparación de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras con una perspectiva que de forma progresiva ha incorporado en los últimos años enfoques diferenciales, ecológicos e interculturales. A partir de un análisis de la gestión y resultados de la Unidad es posible destacar el papel que desempeña no solo en la reparación de derechos individuales y colectivos, sino también en la consolidación de un diseño institucional de paz que reconoce la centralidad de la naturaleza y la diversidad cultural como elementos estructurales para pasar la página del despojo y la barbarie en Colombia.
La centralidad de la tierra en la mayor parte de los ciclos de violencia por los que ha atravesado el país, constituye prácticamente un consenso al interior de la literatura especializada (Gutiérrez Sanín, 2025). Justamente por eso, la paz debe asumir la restitución como uno de sus pilares. Se trata de una medida de justicia transicional que, al revertir los efectos del despojo, busca garantizar el goce efectivo de derechos y la reconstrucción del tejido social en contextos de violencia. La Unidad ha enfatizado que este proceso no se limita a la devolución física de la tierra, sino que integra mecanismos de acompañamiento administrativo, judicial, social y productivo, con el fin de asegurar la permanencia de las comunidades en sus territorios. En este sentido, la restitución se convierte en un instrumento estructural para la consolidación de la paz, al corregir las injusticias históricas de la concentración de la tierra y al habilitar escenarios para una verdadera reconciliación territorial.
Uno de los avances más notables de la política de restitución de tierras ha sido la progresiva incorporación de un enfoque ecocéntrico. En la práctica, esto se ha traducido en medidas como la identificación y protección de ecosistemas estratégicos, la articulación con políticas ambientales, la apertura a formas ancestrales de comprender el territorio y la generación de proyectos productivos sostenibles en clave intercultural que promueven la regeneración de los territorios restituidos. La Unidad ha gestionado medidas preventivas de protección de derechos territoriales étnico-ambientales y ha promovido el uso de información catastral, imágenes satelitales y análisis de contexto que integran dimensiones socioambientales. Estas acciones muestran cómo la justicia transicional en Colombia se orienta a saldar deudas históricas no solo con las comunidades, sino también con la naturaleza como víctima del conflicto armado.
Esta perspectiva ha asumido un rol preponderante gracias a la profundización del componente étnico. Este enfoque ha sido uno de los ejes más innovadores en la gestión de la restitución. Según las cifras presentadas en su reciente informes de rendición de cuentas, la Unidad, avanzó en la elaboración de informes de caracterización de afectaciones territoriales, la presentación de demandas de restitución de derechos territoriales étnicos y el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La ruta étnica de restitución se ha constituido como un espacio donde el diálogo intercultural permite reconocer sistemas normativos propios, planes de vida comunitarios y visiones ancestrales de relación con la tierra. Este enfoque intercultural refuerza la idea de una justicia transicional incluyente, capaz de articular las múltiples formas de entender y habitar el territorio.
En el plano ecocéntrico y ambiental, la Unidad ha dado un giro innovador al incorporar en sus lineamientos la consideración de áreas protegidas, zonas de reserva y ecosistemas estratégicos. Antes, la existencia de parques naturales o humedales constituía un obstáculo para el reconocimiento de derechos; en cambio, ahora se implementan mecanismos de compensación y uso sostenible, de manera que el derecho de las víctimas no se contraponga al deber de protección ambiental. La expedición de circulares y protocolos específicos para el tratamiento de predios en territorios ambientalmente sensibles constituye un avance que convierte a la justicia transicional en un espacio de experimentación normativa hacia una paz ambiental e intercultural. Este cambio de perspectiva integra a la naturaleza como sujeto de protección en la restitución y abre un camino para consolidar nuevas experiencias de reconciliación que reconocen la interdependencia entre humanos y ecosistemas.
Estas innovaciones han venido de la mano de un modelo comparativamente más eficiente de gestión. Según los datos de 2025, en etapa administrativa, la URT tomó 5.999 decisiones de fondo, de las cuales 4.383 correspondieron a inscripciones (73%) y 1.616 a no inscripciones (27%). Esta cifra marcó el segundo mayor número de decisiones en la historia de la Unidad y representó un cumplimiento del 84% de la meta anual, revirtiendo la tendencia negativa de años anteriores donde predominaban decisiones desfavorables para las víctimas.
Por las razones expuestas, la Unidad de Restitución de Tierras ha aportado elementos esenciales al diseño institucional de la paz en Colombia. En primer lugar, al consolidar un modelo administrativo-judicial especializado, que articula procedimientos técnicos, jurídicos y sociales, se ha creado un referente de institucionalidad transicional que conjuga reparación y transformación territorial. En segundo lugar, al incorporar enfoques ecocéntricos e interculturales, la Unidad ha ampliado los márgenes de la justicia transicional, reconociendo tanto a la naturaleza como a los pueblos étnicos como sujetos centrales de reparación. Finalmente, la URT ha fortalecido la confianza ciudadana mediante ejercicios de rendición de cuentas, participación comunitaria y cooperación internacional, elementos indispensables para legitimar las políticas de paz. Sin lugar a dudas, en tiempos en los que se encuentra en crisis la paz y las víctimas temen el recrudecimiento de la larga noche de la violencia, la URT representa un importante insumo para el debate académico y político en torno a experiencias exitosas e innovaciones institucionales para la construcción de paz.
[1] Abogado, Universidad de Cartagena. Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos, Universidad de Harvard (EEUU). Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, CLACSO-FLACSO. Magister en Derecho, Universidad de Cartagena. Docente investigador, Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena. Director del Semillero de Investigación en Conflictos Armados y Restitución de Tierras de la misma Universidad. Mail: Daniel.florez@hotmail.es
Para citar: Daniel E. Florez Muñoz, “La Unidad de Restitución de Tierras en la construcción de una Transición Ecocéntrica e Intercultural en Colombia” en Blog Revista Derecho del Estado, 13 de octubre de 2025. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/10/03/la-unidad-de-restitucion-de-tierras-en-la-construccion-de-una-transicion-ecocentrica-e-intercultural-en-colombia/