Las fallas de la sociedad y de las instituciones ante el feminicidio en México.
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Por: David Armando Estrada Gallegos[1]
Introducción
El delito de feminicidio representa un acto de cosificación y degradación hacia el ser humano; un acto que va más allá de lo natural: es la desnaturalización de la convivencia y la ruptura moral de la sociedad. Es un problema que empieza en la psicología del individuo y trasciende a lo social, al grado de integrarse como norma de conducta en las relaciones interpersonales.
Este proceso de construcción individual e interacción colectiva es lo que, lamentablemente, ha dado paso a la formación de una cultura en la sociedad mexicana: la cultura del machismo. Una en la que la mujer no tiene espacio, respeto ni derechos; donde no puede vivir una vida libre de violencia, ni ser escuchada para reclamar lo que se le debe: una vida digna, autónoma, equitativa y participativa.
Este escenario ha implicado la negación de las mujeres como personas que forman parte del progreso, de lo que somos y de lo que se ha construido, porque un país no se edifica solo con y para los hombres. Sin embargo, pareciera que así ha sido, pues lo que ellas reclaman no trasciende ni se concreta en la realidad. El discurso contra la violencia no permea en la vida de millones de mujeres que día a día enfrentan desigualdad y exclusión.
A pesar de la creación de leyes, instituciones y protocolos de actuación, el problema persiste, y de forma grave. Quizá no sean las leyes ni las instituciones las que fallen totalmente, pues estas solo son instrumentos que sirven como marcos de actuación. Lo que debemos reconocer es que quienes fallan, en la mayoría de los casos, son las personas, en lo individual y lo social. Se falla cuando se es indiferente, cuando nos negamos a cambiar la forma de pensar, cuando se trata con displicencia y de manera despectiva a los demás, cuando no se asume con seriedad el compromiso institucional. Sobre todo, fallan las personas que operan las instituciones cuando no hay empatía, cuando no se escucha con sinceridad, cuando se revictimiza y cuando el número importa más que la solución de fondo.
Desarrollo
En México, los casos de feminicidio impactan por la gravedad y el trasfondo que dejan ver, como el de la señora Reyna González, una de las víctimas de feminicidio en el país. Su caso trascendió a nivel nacional no por el actuar eficiente y ejemplar de la autoridad, sino por circunstancias que derivaron en el descubrimiento de su agresor, quien durante 30 años vivió en la impunidad, amparado en la negligencia e indiferencia institucional, pero también social. Personas cercanas observaban con sospecha ciertas actividades irregulares que realizaba, pero nunca denunciaron; callaron.
Durante esos 30 años, nadie alzó la voz, y quienes lo hicieron fueron ignorados. Tres décadas en las que nadie actuó, lo que permitió no solo que los feminicidios se perpetuaran y quedaran impunes, sino también que se prolongara la angustia y desesperación de cientos de familias que no sabían qué había ocurrido con sus seres queridas. Fue una doble falla institucional, pues se dejó de hacer lo que correspondía: investigar desapariciones y delitos, y garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de todas las personas.
Este caso, junto con muchos otros, se inserta en un contexto de inseguridad y violencia que México vive desde hace décadas. Estos problemas, además de impactar en los derechos y en la integridad física y psicoemocional de las personas al generar intranquilidad, incertidumbre y cambios en la vida cotidiana, provocan un ambiente de desasosiego y miedo que afecta por igual la calidad de vida de la población.
No es casual que la inseguridad sea vista por las y los mexicanos como el principal problema a atender. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el 60.7% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave del país. En cuanto al impacto diferenciado, la encuesta señala que en 2023 la tasa de mujeres víctimas de delitos fue estadísticamente mayor que en 2022, mientras que la de los hombres no presentó cambio significativo.[2]
En América Latina resultan igualmente preocupantes los números, ya que el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito a lo largo de su vida.[3] A escala global, la situación también es alarmante. De acuerdo con ONU Mujeres, en 2023, 51,100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo, lo que significa que en promedio 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia.[4]
Lo anterior no ha pasado desapercibido para los organismos internacionales encargados de evaluar la situación de los derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en sus Observaciones Finales sobre el décimo informe periódico de México, señaló su preocupación por el aumento de la violencia de género contra las mujeres y niñas, destacando el feminicidio como un tema central, agravado por la ineficacia e insuficiencia de las respuestas institucionales, incluidas las políticas de seguridad. Asimismo, el Comité observó que las respuestas del Estado mexicano se han centrado predominantemente en respuestas de derecho penal a la violencia de género.[5]
Este escenario de opresión a los derechos humanos de las mujeres no puede quedarse en datos que solo reflejen un problema estructural. Ante esta situación, se requieren estrategias que comprendan la raíz del problema, el cual tiene diversas aristas que lo nutren, agravan y lo vuelven omnipresente; un fenómeno que quiebra la armonía social y refleja la crisis moral individual y colectiva que atraviesa la sociedad mexicana.
Antes de que esta situación termine por normalizarse y desaliente a las miles de voces que reclaman respeto a su vida e integridad, debemos tomar conciencia y acción. Como personas y sociedad, implica conectar con el sentir ajeno, actuar desde la empatía, el compromiso y la solidaridad. Para las y los servidores públicos, significa actuar desde las convicciones, el compromiso ético e institucional. Para el Estado en su conjunto, representa generar espacios que permitan el diálogo con colectivos, víctimas y sociedad civil, con el fin de sumar esfuerzos y no actuar de forma dispersa.
Es necesario recordar que el Estado mexicano ya ha sido condenado a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero vs. México, por la violencia sistemática que vivían las mujeres en Ciudad Juárez. Si bien la sentencia visibilizó la situación, aún existe una brecha enorme que debe atenderse con urgencia. De ahí el llamado a dejar atrás la omisión y trabajar de forma activa, conjunta y multidisciplinaria para tejer una política pública que impacte de manera positiva en la vida de las mujeres.
Reflexión Final
Lograr espacios institucionales que materialicen la justicia en la vida de las mujeres no es una aspiración, sino un compromiso que debe asumirse y caracterizar a los Estados que realmente se comprometen con los derechos humanos y la calidad de vida de su población. El filósofo Avishai Margalit lo expresaba al hablar de la “sociedad decente”, entendida ésta como aquella en la que las instituciones no humillan a las personas.[6] Se humilla cuando se violenta, se actúa con indiferencia, se desconocen los derechos y se niega la dignidad humana como expresión del valor individual de cada persona.
[1] Estudiante de la Maestría en Estudios Jurídicos por la UJAT. Es miembro del sistema estatal de investigadores de Tabasco. Ha escrito y publicado diversos artículos en revistas nacionales y capítulos de libros sobre temas de transparencia, justicia constitucional y derechos humanos. Ha realizado estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre los premios recibidos se encuentran: el primer lugar en el concurso ensayo científico de la UJAT, el primer lugar en el concurso de ensayo sobre gobierno abierto, organizado por el Instituto Veracruzano de Transparencia y Protección de Datos Personales; entre otros premios. ORCID https://orcid.org/0000-0002-8610-9183, Correo electrónico: DavidStradaG@gmail.com.
[2] INEGI, ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE) 2024, localizado en: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024
[3] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Indicadores de Género, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe, localizado en: Presentazione standard di PowerPoint
[4] ONU Mujeres, Datos y cifras: violencia contra las mujeres, localizado en: https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-violencia-contra-las-mujeres
[5] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México, Naciones Unidas, julio de 2025. Consultado en https://docs.un.org/es/CEDAW/C/MEX/CO/10
[6] Margalit, Avishai, La sociedad decente, España, Paidós, 1997.
Para citar: David Armando Estrada Gallegos, “Las fallas de la sociedad y de las instituciones ante el feminicidio en México.” en Blog Revista Derecho del Estado, 16 de noviembre de 2025. Disponible en:https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/11/16/las-fallas-de-la-sociedad-y-de-las-instituciones-ante-el-feminicidio-en-mexico/